El juicio por las indemnizaciones millonarias a los exdirectivos de Novacaixagalicia se inicia con un exhaustivo y tenso interrogatorio al abogado que asesoró en los contratos
09 jun 2015 . Actualizado a las 08:02 h.El controvertido juez Alfonso Guevara, presidente de la sección tercera de la Audiencia Nacional, inició ayer el juicio por el caso de las indemnizaciones millonarias de Novacaixagalicia con la siguiente pregunta: «¿Se declaran ustedes culpables de los delitos de los que se les acusa [apropiación indebida, administración desleal y alternativamente delito de estafa] y se conforman con las penas solicitadas [tres años de cárcel, además de la devolución de los importes e inhabilitación durante tres años para el ejercicio profesional]?». «No», le contestaron prácticamente al unísono los seis encausados. José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, a los que se suman Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas -estos dos últimos acusados de ser cooperadores necesarios- se mostraron, en apariencia, calmados.
A partir de ese momento comenzó a resolverse el caso que la Fiscalía Anticorrupción inició con la presentación de una querella el 9 de junio del 2012, el mismo día en que España pidió el rescate bancario.
Los ex directivos de la entidad gallega estaban sentados frente al magistrado, que dejó clara su autoridad desde el primer momento. «Cuando intervengo yo, aquí todo el mundo se calla», recalcó Guevara. Y así fue a lo largo de las más de tres horas que se prolongó la primera sesión del juicio. En ese tiempo solo declaró el abogado Ricardo Pradas, quien insistió una y otra vez en que los contratos eran legales y conocidos por los órganos de la entidad.
Prejubilaciones legales
Fue la fiscala Pilar Melero (acompañada de Concepción Nicolás, las que llevaron la instrucción previa) quien interrogó a Pradas. Trató de acorralarlo con una interminable batería de preguntas y repreguntas. El abogado dejó claro sus argumentos: él asesoró, recibió y remitió borradores de documentos que podían modificarse posteriormente; dijo entender que las indemnizaciones por prejubilaciones fueron y son totalmente legales, ya que se corresponden con una cantidad de dinero que se recibe por dejar de realizar un trabajo cuando se cesa en el mismo por una causa justificada (el cambo de dueño de la caja, que además iba a convertirse en banco); aseguró que los acuerdos sobre prejubilaciones incluidas en el pacto laboral tras la fusión de Caixa Galicia y Caixanova afectaron al conjunto de empleados del banco (también a los directivos), y consideró que la «repercusión social» de este caso viene motivada porque la liquidación por prejubilación se cobró de una sola vez (capitalización) y no mes a mes.
El abogado, acusado de haber sido cooperador necesario en el plan que, según la Fiscalía, urdieron los ejecutivos de espaldas al consejo, se defendió con dureza frente a las fiscalas. En más de un momento les recriminó no entender de qué le acusan desde hace casi tres años, ni el porqué, ya que toda su actuación es técnica.
Una y otra vez, Pradas advirtió que él solo informaba sobre lo que le pedían, y dijo que le encantaría que le hubiesen preguntado, tanto los miembros de los principales órganos de control de la entidad como del propio Banco de España, en que afectaría a las indemnizaciones las recomendaciones de la UE en materia de pagos en una entidad en dificultades por mala gestión. A su juicio, no afectaría. Las recomendaciones de Bruselas fueron posteriores a la firma del último contrato -el de García de Paredes- y, además, aún estaban sin desarrollar.