Los de las «black», cerca del banquillo

El juez imputa a 78 directivos y consejeros de Caja Madrid por el escándalo de las tarjetas opacas. Empezarán a declarar en febrero


madrid / la voz

El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, ha terminado imputando a 78 consejeros y directivos que, entre el 2003 y el 2012, utilizaron las tarjetas opacas (black, en el argot interno de la entidad) que les proporcionó Caja Madrid primero, y Bankia después. A través de dicho medio de pago, que no se declaraba a Hacienda, realizaron todo tipo de compras, desde viajes a objetos de lujo, restaurantes, ropa e incluso el abono de peajes, compra en supermercados, gasolineras... con cargo a la entidad, superando en conjunto los 15 millones de euros en una entidad reflotada con más de 22.000 millones de dinero público.

En su auto, fechado ayer, el magistrado les atribuye un delito de administración desleal o bien otro de apropiación indebida, y engrosa con estos 78 el listado de imputados de esta pieza separada del caso Bankia, que abrieron en pasado octubre los expresidentes de la entidad, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, e Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director financiero y presunto ideólogo del sistema de las black.

De hecho, Blesa y Rato, a quienes el juez considera responsables últimos de la utilización irregular de los plásticos, tuvieron que hacer frente al pago de sendas fianzas civiles (16 millones en el caso del primero y tres el segundo) con las que responder de las responsabilidades económicas y las multas que pudieran imponérseles en caso de condena.

Todos los titulares de esas tarjeta están imputados, con la excepción de Enrique de la Torre, llamado como testigo. El juez ha comenzado citando -entre el 16 y 18 de febrero- únicamente a los 27 que eran consejeros y administradores. El primero en someterse a interrogatorio, el 16 a las nueve de la mañana, será José Antonio Moral Santín, consejero a propuesta de IU y vicepresidente de la entidad. Luego seguirán otros como Gerardo Díaz Ferrán (el que fuera presidente de la CEOE está actualmente en prisión). Andreu ha señalado un interrogatorio cada veinte minutos, entre las nueve y las doce de la mañana.

El gallego Jesús Pedroche Nieto, consejero en Caja Madrid por el PP, abrirá los interrogatorios del día 17. Pedroche cargó 132.000 euros a su tarjeta. Entre las anotaciones de la misma figuraban abundantes gastos en peajes de la AP-9 y pagos en el Parador de Santiago, aunque también llegó a abonar con la black la ITV de su coche y golosinas en aeropuertos.

 

 

Cuatro gallegos: 350.000 euros

Pedroche no es el único gallego imputado, aunque sí será el único en declarar en esta primera ronda. Los mismos delitos de apropiación indebida o administración desleal se les imputan al expresidente del Breogán y consejero por el PP, Francisco J. Moure, a Miguel Muñiz de las Cuevas, con idéntico cargo a propuesta del PSOE y al representante de CEIM Alejandro Couceiro.

Los gastos de Moure superaron los 127.000 euros, principalmente en pagos en gasolineras y en restaurantes y hoteles de Lugo, pese a que el grueso de los movimientos fueron retiradas de efectivo (más de 80) en cajeros a razón de 500 euros cada una. Muñiz, que fue director del Teatro Real y presidente del ICO, hizo cargos por importe total de 20.866 euros, casi en exclusiva en restaurantes, mientras que los de Couceiro rebasaron los 70.000 euros en hoteles, grandes supermercados y antigüedades. En total, los cargos de los cuatro gallegos ascendieron a 350.000 euros.

Andreu también ha citado, como testigos, a los directivos que nunca utilizaron sus tarjetas, al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, y a un directivo, Iñaki Azaola, que destapó este escándalo.

En el auto, el juez distingue entre los administradores y los directivos y considera que en este momento procesal existen «serias dudas» sobre el carácter de los gastos originados por las tarjetas, ya que el delito -bien administración desleal o bien apropiación indebida- será distinto si se considera que eran para gastos de representación o complemento de la retribución. El instructor asienta parte de su auto en la sentencia conocida esta semana del Supremo, en la que avisa de que no está justificado el abuso en las tarjetas de empresa.

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