El Gobierno cede ante la industria en el nuevo decreto del sector lácteo

La mediación no será obligatoria y podrá haber contratos inferiores al año


santiago / la voz

La esperada reforma del llamado paquete lácteo, la regulación impulsada por el Gobierno central hace más de dos años para generalizar los contratos entre productores e industrias, no trae buenas noticias para las diez mil explotaciones activas en la comunidad. Y a solo poco más de dos meses para que finalicen las cuotas. El proyecto del nuevo decreto del ministerio de Isabel García Tejerina, que nace tras constatarse un fracaso, introduce algunas modificaciones en favor del sector productor, pero deja inalterados aspectos que vuelven a situar a las grandes industrias en una posición de privilegio.

La figura del mediador en caso de desavenencias entre la explotación y la empresa transformadora no es obligatoria, tal y como consta en el borrador, al que ha tenido acceso este periódico. La reforma abre la puerta a este sistema siempre que las dos partes estén de acuerdo, pero no de forma preceptiva, como sí reclamaba el sector productor. También, como en el anterior decreto, recoge la posibilidad de que los ganaderos puedan acogerse al derecho a renunciar a los doce meses en la duración del contrato.

Este es, con mucha diferencia, el factor que explica gran parte del fracaso de la normativa ahora en vigor. Lo que estaba pensado para proteger a los productores se ha convertido, en la práctica, en un arma para las industrias, en la medida en que persuaden a las explotaciones a que se acojan a este sistema antes de firmar contratos que garanticen la recogida de leche.

En un escenario de volatilidad en los precios, que incluso se acentuará con la liberalización del mercado y el fin de las cuotas el 31 de marzo, esta práctica está llamada a generalizarse todavía más. El nuevo decreto del Gobierno, sin embargo, se ampara en que «este es un derecho reconocido en la legislación comunitaria». El proyecto normativo abre la puerta a que los contratos puedan durar menos de doce meses por voluntad del ganadero, si bien establece, como regla general, que «el receptor de la leche deberá realizar una oferta de contrato con una duración mínima de un año». Esta propuesta de la industria deberá presentarse al menos dos meses antes de la finalización del contrato en vigor y en el supuesto de tratarse de una nueva relación contractual, «al menos dos meses antes del inicio de las entregas de leche».

Doce meses de duración

La regla general que establecía que los contratos deberán ser por un período mínimo de un año ya estaba en el paquete lácteo que ahora se reforma. El resultado es el siguiente: según los datos del Ministerio de Agricultura, actualizados a 31 de octubre del 2014, de los 17.171 que entregan leche en España (el 55 % de ellos, en Galicia), tenían contrato 14.414. Es decir, más de 2.700 productores, la mayoría en esta comunidad, no habían regularizado por escrito su relación comercial. Pero lo más relevante, según los datos que divulga el propio Gobierno central, es que la duración promedio de los contratos es de solo 5,9 meses, muy por debajo de los 12 que ya establecía la normativa aprobada en octubre del 2012. Los informes oficiales dan cuenta de que el 87 % de los contratos se hacen por un período inferior al establecido.

La ausencia de un régimen sancionador efectivo por falta de medios, al margen de que se recoja en la normativa de forma teórica, explica que las industrias sigan teniendo una posición de privilegio sobre los productores, a diferencia de lo que sucede en Francia, donde se firman contratos de hasta cinco años, con parámetros objetivos para que varíen los precios según el contexto.

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