La Unión Europea colocó el foco de las dificultades para la fabricación del dique flotante en la financiación, al señalar que más de un 15 % de respaldo público podría colisionar con el derecho comunitario. Navantia sostiene que el proyecto requiere al menos de un 50 % de amparo, por lo que considera difícil que pueda ejecutarse tras el pronunciamiento de Bruselas. Competencia afirma, no obstante, que compete al Gobierno español fijar la estructura para llevarlo a cabo.
Aunque llegaron a barajase varias posibilidades, como la puesta en marcha de una sociedad mixta, con la participación de la industria privada, e incluso que fuesen compañías del sector las que liderasen el proyecto y luego alquilasen a Navantia la infraestructura, ambas opciones contemplaban necesariamente el amparo de las administraciones públicas. De ahí que los argumentos de la UE cercenen estas posibilidades.
No obstante, en Ferrolterra algunos agentes sociales y políticos ponen en duda que sea preciso el visto bueno de la UE a una infraestructura interna de los astilleros. Recuerdan que Bruselas ha permitido la inyección millonaria de recursos públicos en sectores privados, como la banca o la automoción, y cuestionan que sea una empresa pública la que no pueda financiar la compra y construcción de un dique. La alternativa de construir uno seco comienza a estar encima de la mesa.