Después de la rueda de prensa que siguió ayer al Consejo de Ministros, conocemos algo más de la reforma, pero todavía estamos pendientes de que el lunes se concreten los detalles en lo referente al IRPF y al impuesto sobre sociedades. Asimismo, desconocemos por completo, y pasará algún tiempo antes de que esto se remedie, todo lo referente al impuesto sobre sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, IBI o impuestos medioambientales. Las modificaciones de toda esta tributación quedan diferidas a la evaluación y al espinoso acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y, en algún caso, a la reforma de la Ley de Haciendas Locales.
En cuanto al IRPF, la primera impresión es que la rebaja impositiva es más ambiciosa de lo que se preveía a la vista del informe de la comisión de expertos y de los anuncios gubernamentales. Una rebaja media del 12,5 % para cada contribuyente, siendo además mayor para las rentas medias y bajas, puede constituir un incremento de la renta disponible de las familias que se traduzca en aumento del consumo y, en definitiva, en cierta dinamización de la economía.
No obstante, hay que hacer notar que es esta una rebaja teórica, ya que el propio ministro de Hacienda ha afirmado que permanecerá intacta la capacidad normativa de la autonomías en este tributo, lo cual supone que cada una de ellas podrá establecer la tarifa que crea más conveniente, con lo que algunas pueden sentir la tentación de recaudar para sus arcas lo que deja de gravar el Estado.
En sociedades, parece que se proyecta lo previsto, acercamiento de tipos nominales a efectivos rebajando los primeros, limpiando deducciones y bonificaciones, manteniendo la deducción por I+D+i y creando dos reservas, una de ellas solo para pymes, que ayuden a capitalizar las empresas. Habrá que tener cuidado con el tránsito del sistema vigente al nuevo, por ejemplo en lo concerniente a la disminución de los créditos fiscales, implantando un mecanismo parecido al que recomendó la citada comisión de expertos.
Respecto a temas de gestión y lucha contra el fraude, a falta de conocer las medidas concretas, solo se nos ha informado de que se publicarán las listas de defraudadores, medida que no es tan novedosa si tenemos en cuenta que las sentencias de delito ya son públicas o que la antigua Ley General Tributaria ya lo contemplaba.