La Plataforma de Afectados de Pescanova solicitó ayer al Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional nuevas medidas cautelares que pasan por la paralización de la liquidación de la compañía y la imposición de fianzas y embargos de los bienes de la sociedad, para asumir la responsabilidad civil del delito de falsificación de información económico-financiera que se le imputa.
Según los representantes legales de esta agrupación, se pide además la prisión provisional, eludible bajo fianza, del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa «para evitar la destrucción de prueba y la detracción de su patrimonio, que impedirá la asunción de la responsabilidad civil».
Piden también los abogados la imputación de César Mata, secretario del consejo de Pescanova, y la declaración como testigo de personal del departamento jurídico de la empresa.
Argumentan estas medidas con el fin de conservar el patrimonio de la sociedad y permitir la recuperación de las inversiones de los minoritarios.
La propuesta de convenio de acreedores de Pescanova no ha gustado desde el minuto uno a los accionistas minoritarios y, prueba de ello es que el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra que el pasado 19 de marzo admitió a trámite el documento con la oferta de rescate del grupo Damm comenzó a recibir alegaciones de este colectivo.
Entre otras cosas, este grupo de minoritarios denuncian que, de cada euro que se debe a un acreedor, el afectado recuperaría 2,5 céntimos que se le abonarían en 8 años y medio.