La del jueves hizo el número 25 de las subastas convocadas cada tres meses para revisar una parte del precio de la tarifa de último recurso. Es un sistema relativamente reciente (funciona desde el 2009) que parece haber dado ya sus últimos estertores. Pero, ¿cómo funcionan?, ¿quiénes participan? y, sobre todo, ¿qué repercusiones podría tener la anulación de la última puja? Por partes.
¿Por qué se ha anulado la subasta?
Porque resulta insólito que la energía de un trimestre a otro se encarezca tanto. El megavatio hora base fue un 29,9 % más caro que en septiembre, y el punta, un 19,2 %. De media, el incremento fue del 25,6 %. El gráfico refleja la evolución del precio del megavatio hora base.
¿Quién dirige la subasta?
El Operador del Mercado Ibérico Polo Español S.?A. (OMIE) es el regulador del mercado de la electricidad en España y Portugal. Su presidente es el luso José Carvalho Netto; vicepresidente es Pedro Mejía Gómez, que trabajó en Unión Fenosa y fue secretario de Estado de Turismo y Comercio. En el consejo están representantes de Abengoa, EON, EDP, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Parcaixa (Caixa Geral de Depósitos) y Redes Energéticas Nacionais. Este operador es el encargado de gestionar la subasta regulada por el Ministerio de Industria.
¿Cómo funciona?
Se trata de subastas financieras que se realizan de forma virtual. El día D, compradores y vendedores realizan sus ofertas a la vez y a ciegas, es decir, sin saber qué están haciendo los demás. El nombre de los agentes y de a quiénes representan es confidencial para ellos y para todo el mundo. Representantes de la CNMC asisten a la puja para comprobar que todo es correcto. Por eso, algunas fuentes del sector no comprenden que si hubieran detectado irregularidades no ordenasen parar la subasta al momento.
¿Quiénes participan?
Nombres, imposible de saber de forma oficial. Pero fuentes del sector explican que la mitad de los agentes representan a bancos; también hay agentes financieros que buscan hacer negocio. La presencia de las eléctricas españolas es «residual», de hecho, una de las más importantes ni siquiera participa. Todos ellos compran y venden energía para el trimestre siguiente. Por tanto, los precios son siempre una estimación sobre lo que puede ocurrir en los mercados, en la meteorología... durante ese período futuro. Pero lo importante es ganar dinero. En la última subasta validada, la de septiembre, participaron 37 agentes calificados, que realizaron doce rondas de ofertas. En el informe disponible en la web de OMIE se puede comprobar que el 25,52 % de los adjudicatarios pertenecían a grupos empresariales con centrales generadoras en España; el 74,48 % restante, no. Además, de todos ellos, el 30,28 % tenían domicilio social en España y el 69,72 % fuera del país. La presencia de inversores extranjeros hace afirmar a fuentes próximas al operador que es imposible manipular la subasta. Otras fuentes señalan que «técnicamente es muy complicado» hacerlo. Pero el Gobierno parece estar seguro y ha anulado el resultado de la última puja.
¿Pueden denunciar estos inversores al Gobierno?
Puede ser, claro. El día de la subasta en realidad no se produjeron transacciones económicas, pero sí se alcanzaron tratos, pese a que el resultado para que sea válido tiene que firmarlo la CNMC. No lo ha hecho, pero tendrá que argumentar bien el porqué y aportar pruebas de que el juego no fue limpio y que los precios fueron manipulados. De momento, Competencia solo anunció que no valida la subasta «ante la concurrencia de circunstancias atípicas». Tendrá que decir cuáles. O no es descabellado pensar que inversores con cierto poderío puedan recurrir a los tribunales.