La UE da una última oportunidad para no devolver las ayudas al naval

Cristina Porteiro / S. Antón BRUSELAS, VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Almunia recibirá a Soria y a los presidentes autonómicos el jueves 11.
Almunia recibirá a Soria y a los presidentes autonómicos el jueves 11. GEORGES GOBET < / span>afp< / span>

Almunia advierte de que solo serán flexibles si se presentan nuevos argumentos jurídicos

04 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Los astilleros gallegos quemarán su último cartucho la semana que viene en Bruselas. La Comisión Europea concederá una última oportunidad al sector naval para defender su futuro y evitar la devolución de los 3.000 millones de euros de las ayudas que desde el 2005 hasta el 2011 se concedieron a través del tax lease a armadores e inversores a fin de facilitar la financiación en la fabricación de buques.

Lo anunció ayer el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, que tras las críticas y los reproches recibidos en las últimas semanas, por su negativa a negociar una solución que garantice la supervivencia de los astilleros, ha concedido una última oportunidad a los representantes del sector y a las autoridades españolas para tratar de mitigar el impacto de la decisión que adoptará el colegio de comisarios el próximo día 17. Para lograrlo, Almunia se reunirá el jueves 11 con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco.

Según el comisario, Bruselas solo reconsiderará su postura si «se presentan argumentos jurídicos nuevos y sólidos». Aunque reconoció que aún «hay tiempo y margen para discutir y rectificar cualquier decisión», advierte de que España deberá preparar bien el encuentro para «presentar nuevas razones y hacer que la reunión valga la pena», porque de lo contrario, «no nos moveremos». No se mostró, en cambio, convencido sobre la actitud proactiva del Gobierno: «El cambio en esta situación no es cuestión de esperar, así que, como dijo Santo Tomás, hay que verlo para creerlo».

Hasta el momento, Gobierno, comunidades, sindicatos y astilleros han defendido de forma unánime la solidez de las razones jurídicas expuestas ante Bruselas para exigir que no se le imponga al sector naval una carga que no le corresponde. Pero han chocado de frente con la negativa de la Comisión a aceptar los principios de seguridad jurídica y el de confianza legítima como válidos para dar carpetazo al asunto.

Las declaraciones de Almunia asegurando que los astilleros no tendrían que devolver ni un euro, no han aplacado los ánimos de los trabajadores del naval. Si se impone una retroactividad de las ayudas del 95 %, tal y como anunció Almunia, los astilleros se quedarían sin fuentes de financiación para seguir y dar salida a nuevos pedidos.

Al hilo de las últimas declaraciones de Almunia, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, señala que solo tienen una posible interpretación, la literal que ofreció el propio comisario, «que hay margen de actuación». Añade que es coherente con la historia de la Comisión: «Nunca antes se había ni siquiera intuido una posible resolución de esta magnitud, ni en el naval, ni en la pesca, ni en el acero, ni en ninguna otra industria».

Se mostró convencido Mallón de que los argumentos de España terminarán convenciendo al colegio de comisarios que tomará la decisión, que evitará «consagrar actuaciones discriminatorias que arruinarían a un estado miembro». Añadió que la UE necesita confianza en sus instituciones «y España es un país clave en la Unión que no puede ser ninguneado o apartado de una industria de la que somos artífices y maestros históricamente».