El dique flotante y los contratos con Pemex fueron eje de las últimas campañas electorales
30 ene 2013 . Actualizado a las 10:27 h.La mejora del negocio de la reparación naval es una de las asignaturas que han mantenido pendientes los distintos gobiernos con los astilleros de la ría ferrolana y que ha generado más compromisos incumplidos en los últimos años. La estrategia, no obstante, ha ido variando a lo largo del tiempo y no así la demanda de un dique flotante en el que poder reparar los buques de mayor tamaño del mercado, que han mantenido viva en Ferrolterra los representantes de los trabajadores y agentes sociales y políticos.
La petición de nuevas infraestructuras para la división de Reparaciones de Navantia y la cobertura de un dique para poder efectuar trabajos en los barcos durante todo el año con independencia de las condiciones meteorológicas se intensificó en la primera década de los años 2000, y fue ignorada por los Ejecutivos del PP (Aznar) y PSOE (Rodríguez Zapatero). Mientras, en la Xunta, con alternancia de ambos partidos, se mantenía una defensa firme de este negocio, sin éxito alguno. Al tratarse de una empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), o lo que es lo mismo, del Gobierno, todas las decisiones y acuerdos tomados en Galicia se han topado en etapas con la indiferencia y en otras con el rechazo abierto del Ejecutivo central. Los conselleiros de Industria Juan Rodríguez Yuste (PP) y Fernando Blanco (BNG) llegaron a presentar planes concretos a los presidentes de la SEPI Ruiz Jarabo (PP) y Martínez Robles (PSOE), que estos últimos convirtieron en papel mojado.
Sin embargo, la última negativa del Gobierno central a la fabricación del dique flotante en Navantia Fene-Ferrol ha levantado la indignación en la comarca. Distintas causas han servido de gasolina para un fuego que aviva la incertidumbre sobre el futuro no solo de la industria naval, sino de una zona cuyo principal sustento económico son los astilleros, aunque al tratarse de una decisión política, son las distintas administraciones las que están ahora en la diana. En las elecciones municipales del 2011 y generales de ese mismo año, la situación de caída de la carga de trabajo en el naval y la demanda del dique flotante en particular fue uno de los asuntos centrales de esas campañas, con un respaldo manifiesto del PP a esa infraestructura. Luego llegaron las autonómicas del pasado octubre y, debido a la situación de falta de ocupación en las gradas gallegas, volvió a convertirse en el eje de la campaña. Tanto que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo se convirtió en el principal valedor de sendos contratos con la petrolera mexicana Pemex para la fabricación de dos buques hotel en Barreras y Navantia, rodeados de polémica por ese tinte político desde el primer momento.
Visita de la SEPI
No obstante, meses antes, en mayo, y ante la amenaza de los trabajadores y los alcaldes de la comarca de plantarse en Madrid para exigir respuestas para el naval, el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, se desplazó a Ferrol y después de asegurar que no se creía el informe desfavorable al dique flotante que había auspiciado la anterior dirección de Navantia anunció la creación de una comisión para determinar la viabilidad técnica, jurídica y económica de la infraestructura. Después también anunciaría que antes de finales de año llegarían nuevos encargos. Los trabajadores siempre se temieron que la comisión fuese una maniobra de dilación de la corporación pública, que acabaría responsabilizando a la UE -en concreto a la dirección de Competencia, ocupada por el socialista Almunia- de no autorizar el dique. Y así ha sido el guion. Curiosamente, Navantia se escuda en la negativa de Bruselas, que considera que la financiación para la infraestructura puede ser considerada como ayuda de Estado ilegal, pero admite que hizo una pregunta «no vinculante».
Al mismo tiempo que se esfuma la posibilidad del dique, el contrato de Pemex no ha dejado de enredarse. Primero, ante presiones en México, PMI, la filial de la petrolera que firmó los acuerdos, admitió que estos tendrían que pasar primero por una licitación internacional, aunque insistió en que, aunque la perdiera, se harían los barcos igualmente. Ante el retraso en el arranque de la fabricación, la Xunta aseguró que se debía a que faltaban los avales, aunque tuvo que admitir hace escasos días que el asunto estaba atascado por el cambio de Gobierno en el país. Aún se desconoce cuándo empezarán. Mientras, no hay día sin destrucción de empleo en el naval ferrolano.