El Gobierno de François Hollande deberá reformar su propuesta
30 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo Constitucional francés infligió ayer un duro golpe al presidente socialista, François Hollande, al anular el impuesto del 75 % para los contribuyentes más ricos, la medida más emblemática, pero también la más cuestionada de su Gobierno. Poco después, el primer ministro Jean-Marc Ayrault anunció que «el Gobierno propondrá un nuevo dispositivo conforme a los principios establecidos por la decisión del Consejo Constitucional».
Requerido por los parlamentarios de la oposición de derechas, el Consejo Constitucional estimó que el impuesto excepcional del 75 % aplicable a los contribuyentes con ingresos superiores al millón de euros, previsto para dos años y contenido en los presupuestos del 2013, violaba el principio de igualdad de cargas públicas. Y es que este impuesto «se basa en el ingreso de cada persona física», mientras que el impuesto sobre la renta se retiene «por familia».
La anulación del Consejo no se apoya en el supuesto carácter confiscatorio de esta medida denunciado por sus detractores, sino sobre el hecho de que una familia en la que cada miembro percibiera, por ejemplo, unos ingresos de 900.000 euros se encontraría exenta, mientras que otra en la que un solo miembro ganara 1,2 millones de euros y el otro nada debería pagar.
Al anunciar durante la campaña presidencial su intención de crear este impuesto para los más ricos, que no figuraba en sus 60 compromisos para su quinquenio, el candidato socialista al Elíseo causó sensación. Esta medida se convirtió en símbolo de su voluntad de hacer que los más ricos contribuyan a restablecer las finanzas públicas del país en nombre del patriotismo en esta época de crisis persistente.
1.500 contribuyentes
A pesar de su escaso rendimiento, ya que solo afectaría a unas 1.500 personas que habrían pagado una media de 140.000 euros, constituía una marca de la presidencia Hollande. Muy cuestionada por la derecha y por los dueños de las grandes empresas, esta medida provocó un gran escándalo. El Consejo Constitucional también rechazó las modalidades de cálculo del tope en el impuesto sobre las grandes fortunas (ISF), en particular la integración de las rentas o beneficios capitalizados, «que el contribuyente no ha realizado o de los que no dispone». Esta medida podía desembocar en que los impuestos superaran el 75 %, o incluso el 100 %, de los ingresos realmente percibidos.
Ayrault consideró que «las disposiciones censuradas no cuestionan las grandes líneas del equilibrio presupuestario y de la trayectoria de recuperación de las cuentas públicas». Según una fuente cercana al Gobierno, invalidar las medidas supondrá una pérdida de «menos de 500 millones de euros» de un presupuesto total de 300.000 millones. Desde las filas conservadoras, el último primer ministro, François Fillon, celebró la medida, pues entiende que «sanciona la política de bombardeo fiscal que lleva a cabo Hollande».