Esther relató su caso hace poco más de un año en La Voz. «No sigáis por ese camino». Fue el consejo que recibió su abogado de la entidad financiera que pidió la ejecución de su hipoteca. «Pero hacer visible la situación de algo ha servido», dice ahora. Tiene 37 años, dos hijos (de 9 y 4 años), un piso de 50 metros en otro barrio, algo más lejos del centro de A Coruña, con un alquiler del que la ayuda social costea el 80 %. Hace un año Esther debía 75.000 euros al banco que en el 2004 le había concedido un préstamo de 78.000 (todo el importe de la compra) para adquirir una vivienda de segunda mano, 75 metros cuadrados y tres habitaciones. El crédito era convencional: 30 años y una cuota de 450 euros. Sus circunstancias también lo eran: un trabajo como empleada de hogar y su marido, en la construcción. Hasta el 2008 pudieron pagar. Luego las cosas se torcieron, el matrimonio se separó y los padres de él, como avalistas, también se vieron atrapados. Hace un año decidió salir a la calle y encabezó una protesta de Stop Desahucios.
«Ya ha habido dos subastas del piso. Desiertas. El banco me dice que venda yo y que les pague 60.000 euros, que con eso saldamos la deuda». No encuentra comprador. La entidad, que hace un año le reclamaba 100.000 euros por la deuda acumulada, no quiere quedarse con la vivienda. Los precios han caído mucho y los 60.000 son un precio fuera de mercado. Tampoco aceptó rebajar la cuota. «No veo salida. No les basta con el piso», dice.