El Gobierno está dispuesto a cumplir su compromiso de no rebajar las pensiones, pero se prepara ya para recortar el gasto en este capítulo por otras vías. En concreto, su objetivo es retrasar la media de edad de jubilación, en línea con lo que ha propuesto la Comisión Europea. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que a finales de este año el Ejecutivo enviará al Pacto de Toledo, como se conoce la comisión parlamentaria creada para consensuar cualquier modificación que afecte al sistema de pensiones, dos propuestas de reforma. Una, para «acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal», modificando la regulación del retiro parcial y anticipado. La otra reforma propuesta es una regulación del «factor de sostenibilidad» para permitir una revisión de los parámetros del sistema de pensiones en función de la esperanza de vida para asegurar su viabilidad. Esto se traduciría en un retraso de la edad de retiro, aunque deberá ser acordado por consenso. El anterior Gobierno decidió elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, de manera progresiva para que esté totalmente en vigor en el 2027.
Congelación a los funcionarios
Los Presupuestos del 2013 incluyen una nueva congelación del sueldo de los funcionarios, la segunda tras la bajada de sueldo del 5 % que decretó el anterior Gobierno en el 2010, y de la oferta de empleo público, con la única excepción en este último caso de los sectores sensibles como personal de hospitales, docentes de educación, seguridad, lucha contra el fraude y extinción de incendios, que tendrán una tasa de reposición del 10 %. Esa congelación permite que los gastos de personal del Estado se reduzcan en un 3,9 %. A cambio de esa nueva congelación, los funcionarios tienen al menos la garantía de que recibirán dos pagas extras en el 2013 y de que no se prorrogará por tanto la decisión de anular una de ellas que se incluyó en las cuentas públicas del 2012.