Después de convertir una burbuja financiera e inmobiliaria en una depresión económica en toda regla, nuestros dirigentes económicos y políticos se vieron obligados a pedir ayuda a los acreedores exteriores firmando un primer memorando de entendimiento (MoU) para evitar la quiebra de buena parte del sistema financiero español. Pero, como aún no se han descontado todas las pérdidas derivadas de aquella burbuja de crédito, se hacen necesarias nuevas medidas al respecto. Una de ellas será el llamado banco malo en el que aterrizarán los activos inmobiliarios que nunca iban a perder valor. Se supone que los bancos se podrán anotar una valoración superior a la actual de mercado (aunque inferior a la que figura en sus libros) lo que favorece que aparezcan pérdidas que irán en su día contra más déficit público. Y, por tanto, más deuda pública.
Esa mera hipótesis ya trabaja muy negativamente para las condiciones de acceso a la financiación exterior del Reino de España. Y trabaja muy eficazmente para que sea necesario el nuevo MoU que exigirá el sindicato de prestamistas de la eurozona (MEDE) para, en este caso, comprar deuda soberana española. Segundo MoU que ya se espera para mediados de septiembre.
Un cambiazo de trapalladas inmobiliarias por deuda de todos los españoles. Pero hay más. Estos días hemos sabido que el fondo público que gestiona las ayudas a los bancos en crisis (el FROB) se va a hacer cargo de los riesgos que para los depositantes de todos los bancos puedan surgir de haber que liquidar entidades o por agravarse los escenarios de solvencia. Es decir que, en este caso, se cambia una responsabilidad que hasta ahora era colectiva de los clientes de todos los bancos en función de sus activos (el Fondo de Garantía de Depósitos, FDG), hacia un fondo que lo es de todos los ciudadanos y contribuyentes.
Más allá de que, de nuevo, esto sea ir en contra de lo que se pregona (cuando se sostiene, con buen criterio, que deben ser los accionistas, acreedores, bonistas de los bancos los que paguen los platos rotos), es una nueva señal de alarma para los financiadores y tenedores de deuda pública. Que, de nuevo, ven como los vicios privados se convierten en deudas colectivas.
Cuando veamos firmar el segundo MoU, por un Gobierno que ni los llevaba previstos en su programa ni los debate en el Parlamento, debemos tener bien presente que es de los barros de las deudas privadas (banco malo y FGD) de donde procederán esos lodos de deudas públicas. Y no sorprendernos de que sus responsables y, al tiempo, temerarios gestores nos sermoneen con que la única solución es acostumbrarnos a ganar menos y a tener menos servicios públicos. Son gente lista.