Ence apela al cambio de la Ley de Costas para quedarse en la ría de Pontevedra
ECONOMÍA
Sostiene que la planta ha subsanado sus problemas de contaminación
27 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Una reforma legal en ciernes para seguir en la ría de Pontevedra. Esa es la estrategia a la que se ha consagrado la dirección de Ence para evitar el cierre de la factoría ubicada a las orillas del Lérez, previsto para el 2018, fecha en la que caducará la concesión administrativa que ampara la legalidad del complejo industrial. Ocurre que en todo el litoral español hay decenas de fábricas de todo tipo en la misma situación, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente ha proyectado una modificación de la Ley de Costas para evitar un cierre masivo de empresas que azotaría aún más la maltrecha economía española.
El consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, insistió ayer en la postura de la compañía en la junta de accionistas celebrada en Madrid. Rechazó cualquier posibilidad de trasladar la planta de Pontevedra a otra zona de Galicia -la tesis a la que aspira la Xunta- por la cuantía de la inversión, unos 700 millones. «Es inviable», advirtió.
Y fue en ese punto en el que dejó claro que el grupo pastero y energético ha puesto todas sus esperanzas en una reforma legal de la que, por el momento, apenas han trascendido detalles. En todo caso, para defender la posición de la compañía, Colmenares hizo una encendida defensa de los avances medioambientales que se han registrado en los últimos años. Un trabajo que apenas se hizo, tal y como explicó a los accionistas, cuando la planta era de titularidad pública (antes del 2001).
En esta misma línea, anunció que ya se han puesto en marcha proyectos para acabar con la generación de humos de la planta, en este caso a través de un proceso de aprovechamiento energético aún en estudio, y con el impacto visual, para lo que se prevé levantar una pantalla vegetal.
El consejero delegado desgranó además la importancia de Ence para la comunidad en el argumentario que expuso para cimentar la idea de que hay razones sociales y económicas para evitar el traslado. «En Galicia creamos 5.000 empleos, 4.000 de ellos en zonas rurales, y la actividad de Ence genera el 10 % del PIB primario de la provincia de Pontevedra».