El decreto del «apagón» eólico


El Ministerio de Industria pretende despedir la legislatura con la aprobación de un decreto de retribución de la energía eólica contra cuyo borrador el sector se ha puesto en pie de guerra.

El departamento que dirige Miguel Sebastián envió a finales de septiembre a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), como trámite previo a su aprobación, el borrador de una nueva regulación energética, de aplicación entre el 2013 y el 2020, que modifica radicalmente las reglas del juego para el sector eólico, ya que, entre otras cosas, reduce hasta un 44 % las primas actuales a esta energía. También traslada a la Administración central, en lugar de las comunidades autónomas, el control sobre los nuevos parques, ya que el Estado podrá planificar el crecimiento eólico en cada territorio.

Sin grandes objeciones

La CNE no puso grandes objeciones al borrador del decreto, mientras que la Xunta, a través del conselleiro de Industria, Javier Guerra, dijo que «torpedearía» cualquier intento de Sebastián de saltarse a las comunidades en la nueva regulación.

Por su parte, el sector llegó a hablar incluso de que la entrada en vigor de la polémica regulación supondría un «apagón eólico» y la destrucción de «más de 15.000 empleos, más de la mitad de sus puestos de trabajo» y el «cierre director» de esta industria de la que España es referente internacional.

Esta frontal oposición acabó llevando a Industria a realizar una contrapropuesta esta semana, en la que mejoraba las condiciones de retribución y reducía la volatilidad de las revisiones anuales de las primas. Sebastián prometió el jueves no aprobar el decreto si no había acuerdo con el sector. Pero este volvió el viernes a reclamar a Industria que «retire su propuesta» de regulación y que sea el nuevo Gobierno que salga de las urnas el que legisle.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
3 votos

El decreto del «apagón» eólico