Nueva patata caliente para el Gobierno en plena campaña social contra los altos directivos de la banca y sus salarios. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado desfavorablemente sobre la posibilidad de indultar a Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander. Fue condenado el pasado marzo por el mismo tribunal a tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994.
El alto tribunal entiende que «no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o de equidad para la concesión del indulto». El informe del Supremo, solicitado por el Ministerio de Justicia, es preceptivo pero no vinculante aunque, evidentemente, empaña un tanto la posibilidad de que el Ejecutivo central perdone a quien es mano derecha de Emilio Botín.
Y eso que la Fiscalía había apoyado la concesión del perdón ante la oposición de los perjudicados, que resaltaron, entre otros argumentos, la falta de arrepentimiento del condenado. Los empresarios catalanes víctimas de la acusación falsa por parte de Alfredo Sáenz apuntaron al rechazar la medida que la concesión de un indulto a unas penas que calificaron de benignas solo podría entenderse como una concesión del poder ejecutivo a uno de los mayores representantes del poder económico en el país.
La medida de gracia, que ha de considerarse y, en su caso, aprobarse en Consejo de Ministros, evitaría a Sáenz el desdoro de tener que dimitir de su puesto para satisfacer la inhabilitación. Al ser la condena privativa de libertad inferior a dos años y carecer de antecedentes, nunca entraría en prisión. A la espera de que Francisco Caamaño reciba el informe, Sáenz mantiene otra vía de escape. El banquero presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.