¿Quién puede comprar las cajas?

Rubén Santamarta Vicente
RUBÉN SANTAMARTA REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

El Gobierno trata de captar fuera el dinero que no encuentra en España

23 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

«Se nos ha sentenciado, se nos señala como causantes de la crisis y parece que, si desaparecemos, la crisis lo hará a la vez». El lamento de un veterano directivo de la CECA, hace apenas una semana, es extensible a buena parte del sector del ahorro. Pero no hay vuelta atrás: salvo cambio imprevisto, el Consejo de Ministros de este próximo viernes habilitará una fórmula jurídica que, en la práctica, supondrá finiquitar el modelo de cajas como hoy se conoce.

Con el apoyo del Banco de España y de buena parte del PP nacional («en España quedarán tres o cuatro cajas», ha dicho María Dolores de Cospedal), el Ejecutivo avanza en una reestructuración que trata de hacer comprensible fuera del país ese modelo financiero que cuestionan mercados, agencias de calificación e influyentes medios internacionales por su falta de transparencia y la alta exposición de su negocio al fallido negocio inmobiliario.

«La preocupación de los mercados no es por los bancos españoles, que están entre los mejores del mundo, sino por las cajas de ahorros», decía esta semana en Londres Ana Patricia Botín, hoy consejera delegada del Santander en el Reino Unido. La gran banca también se ha lanzado a pedir esa reordenación inédita: los recelos que despiertan las cajas en el exterior, justifican, les está encareciendo a estas entidades, en plena expansión internacional, el dinero que toman prestado fuera.

Sin liquidez y con deudas

Las cajas acabarán con su negocio gestionado en un banco o incluso parcialmente nacionalizadas con el fin último de que se recapitalicen con fondos privados y eviten una caída que arrastre a toda la economía. Ahora bien, ¿quién entrará en su capital?

Podría hacerlo el Gobierno y nacionalizar en parte a aquellas entidades con problemas. Pero también accionistas privados. ¿Otros bancos? Parece complejo porque el sector tiene este año retos mayúsculos. Y el primero es devolver una deuda de 88.000 millones de euros, cosa difícil cuando no hay liquidez en las entidades por el crac financiero. «Y ese dinero, aunque se devuelva, no volverá a España», augura el analista de una relevante auditora. Porque los inversores miran hoy a China y a otras economías emergentes (en América Latina, por ejemplo) para depositar su dinero.

¿Y si fueran inversores privados? Es lo que ansía el Gobierno, pero no las tiene todas consigo. Para captar ese dinero exterior que recapitalice las cajas hay que hacerlas más atractivas, más transparentes, más comprensibles. Solución: un banco, una fórmula que opera en cualquier parte del mundo.

Ese es el plan del Ejecutivo y al que se opone el sector. El encaje legal de ese cambio, lo que se aprobará el viernes, ha contrariado al sector. Comunidades como Galicia aún están adecuando sus leyes a la norma estatal de julio del 2010, «y las cajas tienen que cambiar luego sus estatutos para adaptarlas a ese marco autonómico, así que si ahora introduces otra variación legal por el medio, se complicará todo», auguran en el sector, que cree que no hacen falta nuevos decretos porque la norma estatal, la Lorca, ya facilita esa bancarización.

Más transparentes

Junto a ese marco legal para desnaturalizar las cajas, el Gobierno quiere más transparencia. Y esta semana las entidades desnudarán su exposición al ladrillo, y que el mercado dicte sentencia. «Si nuestro sistema financiero no se distingue actualmente por sus facilidades crediticias es porque sus balances están gravemente lastrados por créditos morosos o incobrables, principalmente en torno al sector inmobiliario, y mientras esta losa siga aprisionando el sistema y la actual situación económica continúe débil, no cabe esperar un repunte del crédito. Primero, porque la liquidez obliga, y segundo, porque la solvencia del demandante se estudia meticulosamente», explica Víctor Moro, economista y ex subdirector general del Banco de España.

Esta revolución ha de estar finalizada en primavera. El Gobierno no se puede permitir que un suspenso en las nuevas pruebas de estrés. Volvería a poner en la diana a todo el país.