El sindicato UGT denuncia la pérdida de 6.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos en las fábricas de aerogeneradores y en el resto de empresas vinculadas al conjunto de la industria eólica. Culpa de ello al Gobierno por la mala planificación de su política, que provoca la «paralización del sector» y reclama la autorización de 150 MW adicionales de potencia a instalar anualmente durante el período 2010-2012, y flexibilizar el calendario aprobado para la entrada en vigor de nuevas instalaciones. La federación del Metal, Construcciones y Afines de la central socialista hace hincapié en que son necesarios «acuerdos estables a largo plazo que permitan la planificación de las empresas, fomenten la inversión y desarrollen la investigación».