Caixanova reclama que se reforme la ley y difiere de Caixa Galicia sobre la solvencia que tendría la nueva entidad
21 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Caixanova y Caixa Galicia ya han cerrado las cuentas de la fusión. Y lo han hecho por debajo de las previsiones que dejó sobre la mesa la auditoría de KPMG encargada por la Xunta. Hay acuerdo sobre el coste de la alianza, pero no sobre las proyecciones de futuro a medio plazo que tendría la entidad resultante, y mucho menos sobre quién la gobernaría y cómo habría que hacerlo.
El reparto de poder será lo que se discuta en los próximos encuentros (posiblemente jueves y viernes en Santiago). Fuentes cercanas al proceso aseguraron ayer que el «giro» de Caixanova hacia la paridad responde a la necesidad de no dañar la imagen de la entidad resultante en las zonas donde Caixa Galicia tiene más presencia.
Ocurra lo que ocurra con la gobernanza, donde la distancia entre las partes sigue siendo considerable, voces de las dos cajas coincidían ayer al admitir que, después de cuatro reuniones, la fusión tiene los números meridianamente claros. Integrar a las dos entidades no cuesta los casi 3.000 millones que llegó a sugerir el equipo de Caixanova. Ni siquiera los 1.190 que calculó KPMG. Si al final se firma una alianza, las cajas requerirán 1.162 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la única herramienta que el Banco de España les ha permitido para hacer las cuentas. La cantidad equivale al 2% de los activos ponderados por riesgo, el límite máximo para no requerir un permiso especial de Bruselas.
Tampoco será preciso cerrar las 280 oficinas que la due diligence estimó el pasado enero. Bastaría con eliminar entre 204 y 206 sucursales, la mayoría en Galicia. A esta cantidad podría añadirse luego la venta de parte de la red de ambas entidades, ya que también sigue sobre la mesa la posibilidad abierta por el Banco de España de que el Santander adquiera sucursales desprendidas de la fusión gallega (se llegó a hablar de hasta 300), tomando el negocio de estas (clientela y resto de cartera). Si esta última opción va adelante, encajaría en el plan de desinversiones que necesariamente tendrían que acometer Caixanova y Caixa Galicia, cifrado en 12.000 millones de euros por KPMG, y donde también se incluiría parte de la cartera industrial.
El recorte de la plantilla sería casi un 22,5% menor que el calculado por KPMG. Según fuentes cercanas a las conversaciones, tanto Caixanova como Caixa Galicia se han puesto de acuerdo en una cifra próxima a los 1.005 empleados. Todos ellos abandonarían la estructura de la nueva caja mediante prejubilaciones. La alianza de cajas gallega no generaría despidos.
Desacuerdos
Hasta aquí, los puntos de entendimiento, ya que los dos equipos (el de Caixanova, liderado por José Luis Pego; y el de Caixa Galicia, con Javier García de Paredes al frente) difieren respecto a la solvencia de la caja fusionada. Caixa Galicia mantiene que el Tier 1, que mide la solvencia básica de una entidad; y el core capital , capital básico de las cajas, serán mejores que los estimados por Caixanova. Al cierre del 2009 Caixa Galicia presentó un Tier 1 del 8,46% y un core del 6,33%; en Caixanova, el 8,40 y 6%, respectivamente.
Fuentes de la caja viguesa ven con pesimismo la «posible debilidad» de la entidad fusionada, obligada a competir en un mercado «muy exigente». La impresión no coincide con la de la caja coruñesa, donde mantienen que la capitalización de una entidad única sería mejor de la que ahora tienen cualquiera de las dos por separado.
En cualquier caso, la piedra angular a partir de ahora será el reparto de poder. Caixanova quiere la dirección general (para José Luis Pego) y la presidencia (para Julio Fernández Gayoso). Caixa Galicia propone una copresidencia y una dirección general adjunta. La caja viguesa llegó a plantear un período transitorio de cinco años, durante el cual seguirían los consejos y órganos de gobierno actuales, lo que blindaría la permanencia de Gayoso, que tiene 78 años. Pero además, supeditan el acuerdo a la modificación de la ley de cajas aprobada en diciembre por el Parlamento gallego y aún pendiente del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno sobre 10 puntos, entre ellos la polémica renovación de los órganos de gobierno.