Facenda tendrá que autorizar inversiones en cualquier clase de activos, así como la política de riesgos
15 dic 2009 . Actualizado a las 19:35 h.La futura ley de cajas pondrá coto a las inversiones que, bajo el paraguas de la obra social, lleven a cabo las cajas (o caja) gallegas. El documento preliminar presentado por el PP, el partido mayoritario en el Parlamento, establece que cualquier gasto, en el ejercicio vigente y en los dos siguientes, que supere los 500.000 euros tendrá que contar con la autorización preceptiva de la Consellería de Facenda. Es decir, que la Xunta se reserva la capacidad de vetar proyectos sociales que considere inapropiados, que no fomenten «o tecido produtivo galego, á cultura e o deporte base, a integración de colectivos marxinais, a educación en todos os niveis, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación», algunas de las finalidades que el PP prevé establecer en la nueva norma. Es la primera comunidad que marca ese tope. Estas exigencias son nuevas en tanto que la actual norma gallega, de 1985, no marcaba ninguna línea de inversión ni exigía control alguno por parte de la Administración gallega. ¿Qué proyectos superan esa cantidad? Principalmente, inversiones en activos deportivos y en rehabilitación de edificios para obra social. Por ejemplo, Caixa Galicia invirtió en torno a 6 millones de euros en su sede de Ferrol, la misma cantidad que Caixanova destina a recuperar un inmueble en el centro histórico de Santiago. Junto a esa autorización, la propuesta del PP también incluye que la Consellería de Facenda deberá autorizar inversiones de las cajas en «calquera clase de activos», así como su política de riesgos, sobre todo cuando se concentre en una sola persona. También es relevante el cambio, porque el reglamento actual dice que esa autorización es arbitraria, no obligatoria. El objetivo, según sus promotores, es controlar las inversiones que se realizan sobre todo fuera de Galicia. Porque en territorios como Levante es donde más han concentrado sus riesgos las dos cajas, sin hasta ahora fuera preceptivo un visto bueno del controlador autonómico, es decir, de la Xunta. El documento de trabajo del partido mayoritario suprime también un resquicio que en la práctica permitía colocar a dos o tres personas en los consejos de administración de las cajas sin sorteo o elección previa alguna; se escogía a representantes de los impositores siguiendo simplemente el deseo de la dirección. Suprimiendo esa cláusula se espera lograr una mayor pluralidad en las cúpulas.