Ante la resolución dictada por Competencia, la FIAB -objeto de la multa más cuantiosa- anunció ayer que «estudiará» presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender que la sanción «podría vulnerar el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación». Así, sostiene que la decisión de la CNC es «contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos» y reitera que en sus 32 años de trayectoria «FIAB ha mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respeto al marco legal y a la ordenación en defensa de la libre y justa competencia». Igualmente, niega que la nota de prensa emitida por la organización el 4 de junio del 2007 encaje en una recomendación colectiva, prohibida por la ley, argumentando que «tan solo respondía a la función principal de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, anticipándose a los problemas que se les puedan presentar». La alerta de tsunami A finales del 2007, el secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, negaba la existencia de un «contubernio» del sector para subir el precio de los alimentos. Por contra, insistía en que no estábamos «ante un chaparrón, sino ante un aviso de tsunami » y advertía a los consumidores que deberían acostumbrarse a pagar más por comer, porque «por primera vez en la historia» el precio de los alimentos estaba vinculado al del petróleo, pues los cereales ya no eran solo para alimentación sino también para fabricar biocombustibles. Quienes acogieron con satisfacción las sanciones fueron las organizaciones de consumidores. La OCU anunció que se reserva el derecho de presentar acciones judiciales para resarcir los daños y perjuicios sufridos por los consumidores.