Corregir el funcionamiento de los reguladores y supervisores es imprescindible para reforzar el sector ante futuras crisis
05 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.En términos muy generales puede decirse que las carencias institucionales (y profesionales) de la regulación y supervisión han sido uno de los factores que han contribuido al desencadenamiento de la crisis. La corrección de las mismas es imprescindible para reforzar la resistencia de los sistemas financieros frente a futuras situaciones similares. Ahora bien, esta reforma, necesaria, requiere de sus tiempos y por ello no debería distraernos de lo que es el objetivo principal, a corto plazo: frenar el deterioro de los sistemas financieros. De los diferentes tipos de carencias cabe destacar las relacionadas con el tratamiento de la estabilidad sistémica. Es cierto que durante los últimos años este asunto ha estado presente en todos los foros de discusión profesionales e institucionales. En el ámbito de la UE se han estado desarrollando estructuras de cooperación orientadas a un más adecuado seguimiento de la estabilidad de los sistemas: protocolos de colaboración e intercambios de información, tratamiento de crisis, creación de comités nacionales de estabilidad sistémica... El escaso éxito de todo ello es patente y con independencia de las razones explicativas de porqué ha ocurrido esto, tiene sentido señalar un punto importante. Existe una opinión común que motiva algunas de las propuestas de reforma que se están formulando en estos momentos: se trata de que la necesaria integración de las políticas macro-prudenciales con el sistema regulatorio microprudencial no se ha producido. Ambos enfoques han estado con frecuencia separados, aun en los casos en que se era consciente de la importancia del enfoque sistémico. Dicho de otro modo: no ha existido una autoridad con poderes suficientes, y los medios necesarios, para integrar ambas áreas de vigilancia. Sin seguimiento de riesgos El seguimiento de los riesgos y su valoración tanto empresa a empresa (micro) como en sus efectos sobre el conjunto del sistema (macroprudencial), para los sistemas financieros, y sus infraestructuras, no se ha producido y ello ha sido un hecho importante en el desencadenamiento de la crisis y su acelerado desarrollo global. Existen en este momento tres propuestas de reforma de la estructura de supervisión: el Informe Larosiere (Unión Europea), el Informe Turner (Gran Bretaña) y el Informe Geithner (Estados Unidos). El contenido de los tres es extraordinariamente amplio y se formulan en ellos recomendaciones que van mucho más allá del diseño de las instituciones supervisoras. Comparten la necesidad de establecer sobre bases sólidas la vinculación de supervisiones antes mencionada y, por ello, me centraré en el aspecto práctico de su instrumentación. Las tres propuestas El Informe Larosiere, trabajando desde un punto de vista global para toda la Unión Europea, considera que la supervisión macroprudencial debe radicar en la institución que reúne a los bancos centrales y más concretamente en el Banco Central Europeo (BCE). Asentándose sobre el Comité de Supervisión Bancaria, ya funcionando, se establecerá el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, cuya tarea será el seguimiento de la estabilidad macrofinanciera, con la misión de atisbar los problemas con anticipación y formular las políticas adecuadas comunes. Será un organismo independiente, pero dará informes al Comité Económico Financiero y a la Comisión. Esta nueva institución, al igual que ocurre con el BCE, no tiene competencias de supervisión microprudencial. El Informe Turner, además de las reformas de carácter nacional, propone la creación de una nueva institución europea. Se configura como una autoridad independiente, no sectorial, con poderes regulatorios (reglas técnicas, asesoramiento a la Comisión Europea, buenas prácticas...), dedicada a la supervisión europea macroprudencial en colaboración con CSB (Comité de Supervisión Bancaria) del BCE y con las autoridades supervisoras nacionales. No tendrá ningún poder sobre la supervisión que ejerzan estas en sus jurisdicciones. Las diferencias que tradicionalmente existían entre las posiciones de Gran Bretaña y la UE en este terreno se han reducido sensiblemente y el acuerdo puede lograrse fácilmente. Por lo que se refiere al caso de Estados Unidos, con una situación obviamente diferente de las anteriores, también se plantean los mismos problemas. Aunque todavía en elaboración, el proyecto tiene una orientación similar: la creación de un regulador independiente con responsabilidad sobre entidades sistémicamente importantes y sistemas de pagos críticos. El nuevo ente recopilará información de todas las instituciones financieras con la finalidad de desarrollar un tratamiento de todos los posibles riesgos que puedan afectar al sistema. El aspecto de los principios queda cubierto con lo mencionado, pero existe otro punto que pudiera parecer secundario, pero no lo es. Admitida la necesidad del enfoque mencionado, su aplicación práctica no es indiferente. ¿Debe la integración de ambos enfoques supervisores funcionar mediante la interacción de dos instituciones separadas, una ocupándose de la supervisión microprudencial y otra de la macroprudencial (tal como estaba en Gran Bretaña con la Autoridad de Servicios Financieros cubriendo el primer aspecto, y el Banco de Inglaterra el segundo), o bien fusionando ambas en una institución, preferiblemente en el Banco Central? Es esta una discusión que se ha desarrollado desde hace bastante tiempo con posiciones diferentes, razonables en todos los casos, y que se reactiva ahora en un período en que los problemas han aflorado con intensidad. Unir las facetas del supervisor Las propuestas del Informe Larosiere para el conjunto de la Unión Europea deberían tener su correspondencia en los sistemas nacionales que, aún habiendo registrado un proceso de acercamiento en la adopción de prácticas comunes, siguen manteniendo diferencias importantes. No es este el momento de entrar en la discusión planteada más arriba, pero manifestaré mi opinión sobre la conveniencia de unir ambas facetas de la supervisión -ambas necesarias para garantizar la solvencia de los sistemas financieros- y asentarlas en el Banco Central, el Banco de España en nuestro caso.