La recesión y el declive demográfico agravarán el problema de la sostenibilidad; en Lugo y Ourense se recibe un 80% más de lo que se paga por cotizaciones sociales
08 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El desfase entre lo que se paga en cotizaciones y lo que se recibe en pensiones es mucho más acusado en Lugo y Ourense, donde el déficit supera el 80% del valor de las aportaciones. En A Coruña y Pontevedra se mueven en torno al 20%. Esto expresa el mayor envejecimiento y la menor base económica de cotización existente entre las provincias atlánticas y las interiores. En cualquier caso, ninguna de ellas se presenta con capacidad autosuficiente para sostener un sistema.
Es cierta la observación de que el valor medio de las pensiones en Galicia es inferior al de la media nacional; 603 euros frente a 722, lo que se debe al sistema que no es plenamente redistributivo, sino que mantiene cierta vinculación entre lo que se ha contribuido y lo que se percibe. Pero el margen de reparto, de solidaridad, independientemente de lo cotizado, es muy elevado. Si las prestaciones se fijaran con una estricta proporcionalidad entre lo que se ha pagado y lo que se habría de cobrar, los ingresos de las pensiones gallegas experimentarían una caída pronunciada. El futuro anuncia un agravamiento del desfase entre percepción de pensiones y cantidades cotizadas en Galicia.
Las amenazas
Dos son los grandes problemas que se le presentan al actual sistema español, y más acusadamente en Galicia. El primero es específicamente demográfico, por el progresivo envejecimiento de la población, lo que se refleja en el aumento anual de las pensiones durante el último decenio a una media del 1,2%, cifra superior al del crecimiento de la población total. En Galicia lo ha hecho a un promedio anual del 0,9%, pero este nivel también es superior a su crecimiento vegetativo, lo que constituyen claros ritmos desestabilizadores de su viabilidad.
El otro, y a medio plazo más importante, es el derivado de la evolución de la crisis. Durante nueve de los diez últimos años, España y Galicia registraron uno de sus mejores períodos de crecimiento y generación de empleo. El aumento medio anual de la afiliación española se movió alrededor del 4%, una cifra muy superior a la subida de las pensiones. En Galicia, el porcentaje fue algo menor, el 3%, pero igualmente mayor que el ritmo de las pensiones. Debido a la intensidad del proceso expansivo, la Seguridad Social empezó a cubrir sus déficits heredados de años anteriores para llegar finalmente a arrojar superávits, una circunstancia que hizo posible la creación de un Fondo de Reserva en previsión de unas hipotéticas circunstancias de futuro en las que las relaciones entre cotizantes y pensionistas pudieran ser insuficientes. Este fondo ha llegado a sumar una cuantía equivalente al 5,3% del PIB. Sin embargo, ya en la segunda mitad del 2007 - en Galicia y en el conjunto de España- empezó a detectarse un retroceso del número de cotizantes por la caída del empleo.
Desde entonces no se crea ocupación neta, ni siquiera en la cantidad suficiente para abonar las cuotas de los nuevos pensionistas, sino que se destruye a un ritmo creciente. Un 2,1% para los últimos catorce meses en Galicia y 1,9% en España. Por lo tanto, el impacto de la crisis estriba en que disminuyen los ingresos por cuotas, mientras que continúan creciendo los gastos por pago de pensiones. Comienzan de nuevo las vacas flacas, del déficit estructural, la tendencia inversa de los últimos años. Como aconteció con las estimaciones macroeconómicas generales, el Gobierno tendrá que revisar su estrategia.
Inicialmente formuló unas previsiones para la Seguridad Social con un crecimiento económico general del 3,8% en el 2009; horizonte que se ha revelado irreal a los pocos meses. Sobre esta base se formularon unos objetivos ambiciosos de mejora de las pensiones con crecimiento de la partida presupuestaria del 7,5%; muy electoralista pero imprudente. Y el aportar nuevos recursos al Fondo de Reserva para alargar el período de solvencia, con horizonte del 2023. En otros términos, a pesar de que se prevé que en unos años crecerán más los gastos de pensiones que las cotizaciones, se supone, con dudoso realismo, que hasta el 2023 no habrá déficit ni necesidad de usar los recursos reservados. Pero la crisis está dando al traste con los escenarios.
Están cayendo las recaudaciones impositivas y desbordándose los gastos de protección, en particular las prestaciones de desempleo. Todo ello sin mencionar los planes de rescate, que limitarán la capacidad de ayuda presupuestaria a la Seguridad Social, hoy establecida en el 11% de sus recursos. Por lo que si se piensa que solo las medidas del primer rescate a las entidades financieras alcanzaban el 15% del PIB, tres veces más que la cuantía del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se concluye que nada que sea cobrar pensiones a largo plazo está garantizado. De repente, todo ha cambiado y ha puesto de relieve hasta qué punto todo depende de la insegura fugacidad de la coyuntura de los tiempos presentes; del acierto o desajuste de las políticas que se adopten para afrontar la crisis económica general.