El portavoz del PP en la Comisión de Industria, Ángel Tahoces, anunció ayer que su grupo pedirá en el próximo pleno de la Cámara autónoma una comparecencia del conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, para «aclarar las dudas del concurso eólico», después de que se haya sabido que las dos consellerías socialistas implicadas en el contrato del viento, Medio Ambiente y Política Territorial, han reclamado por escrito la formación del comité de valoración que deberá puntuar las 170 ofertas que aspiran a los 2.325 megavatios en juego.
Ayer, fuentes de Industria subrayaron que no emitirán opinión alguna, al menos por ahora, sobre la petición de las consellerías socialistas, y tampoco revelaron el calendario previsto para resolver el concurso, ni la fecha en la que el conselleiro tiene pensado crear el polémico comité de valoración.
Tanto Política Territorial como Medio Ambiente han hecho saber al BNG que los dos departamentos quieren tener en sus manos toda la documentación de las empresas aspirantes para examinar cada una de las propuestas y emitir su opinión en la mesa de valoración, el órgano que, según la orden eólica publicada el pasado marzo, garantiza la transparencia del proceso.
Este comité estará controlado por una mayoría de miembros designados desde la propia Consellería de Industria, por lo que el BNG se garantiza la capacidad de decisión en la misma. Además del representante de Medio Ambiente y del que designe Política Territorial, el grupo contará con otro portavoz de Medio Ambiente (consellería controlada también por el BNG), y 4 vocales más del Inega y la Dirección Xeral de Industria.
El PSOE, que hasta ahora se había mantenido al margen de la gestión del concurso eólico, el mayor convocado por la Xunta y donde se moverán 5.000 millones de inversión hasta el año 2013, ha mostrado internamente su malestar por el control individual que el departamento de Industria está haciendo del asunto.
El comité de valoración se limitará a puntuar las ofertas y proponer al conselleiro una lista de admitidos a trámite, junto con otra de posibles empresas suplentes. Con posterioridad a esta adjudicación, se abrirá un plazo para la emisión de las autorizaciones. Y es en esta segunda tramitación administrativa cuando cada proyecto aceptado deberá acreditar convenientemente su capacidad de evacuación a la red eléctrica, superar el filtro de un estudio de impacto ambiental y adaptarse a las normativas urbanísticas de cada municipio en el que se asiente el parque.
El PP quiere que Blanco aclare en el Parlamento su negativa hasta ahora a convocar esta mesa de valoración. A juicio del diputado Tahoces, el procedimiento que está siguiendo la Consellería de Industria «podría originar una inseguridad jurídica que desemboque en la presentación de recursos».
El mismo argumento es manejado por medios del PSOE, aunque en público nunca se llegó a esgrimir.
En el BNG no quieren que estas dudas sobre el procedimiento enturbien un concurso llamado a convertirse en una de las mayores bazas industriales de Galicia de la última legislatura.