Los pronunciamientos en contra de que Iberdrola, primera eléctrica española tras la opa sobre Endesa, sea troceada para permitir la entrada de EDF en el sector español se han multiplicado en los últimos días. Fundamentalmente, han mostrado su oposición la patronal eléctrica, con su presidente, Pedro Rivero, a la cabeza, y también buena parte la nómina de medianos accionistas que Galán logró arrastrar a Iberdrola para protegerse de Florentino Pérez.
No obstante, las reacciones políticas han sido mucho más tibias de lo que cabría esperar. Ninguno de los dos grandes partidos quiere mojarse sobre el asunto en plena precampaña electoral.
Ayer le tocó el turno al número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro. Preguntado por un tema sobre el que debería de tener una fundada opinión -fue protagonista hasta hace pocos meses de una operación calcada, cuando era presidente de Endesa-, Pizarro se limitó a decir que «cuando EDF pase del 3% y pida permiso para seguir comprando, el Consejo de Ministros que esté lo dirá», afirmó. «Si estamos nosotros lo diremos», insistió.
Una opinión más contundente ha sido la de la patronal vasca. Tanto Confebask como el Círculo de Empresarios Vascos han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que una de las joyas de la corona de la oligarquía vasca sea comprada y troceada.
Entre otras cosas, han explicado los empresarios, la eléctrica aporta entre 200 y 300 millones de euros anuales a las Haciendas vascas. La patronal también ha mostrado su oposición a que el centro de decisión de la compañía abandone el País Vasco.