A tres meses de las elecciones, las empresas retan al Gobierno y le exigen que suba el recibo de la luz un 30% para frenar el déficit
02 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.El pasado 3 de octubre, el ministro de Industria, Joan Clos, aseguró que las tarifas de la luz para los consumidores domésticos subirían en línea con el IPC, que en ese momento estaba en el 2,7%. Ahora, con los precios por encima del 4% y subiendo, las eléctricas exigen al ministro que, al menos, cumpla su promesa para poner coto cuanto antes al millonario déficit que arrastra el sector. Todos los ojos están puestos en la aprobación, antes de que acabe el año, del nuevo decreto de tarifas. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la ayuda de Red Eléctrica, vigila mientras tanto que las presiones de la industria en plena precampaña electoral no afecten al consumidor. Pero conforme se acerca la decisión del Ejecutivo, los incidentes se repiten y hacen aumentar el riesgo de apagones. 1 ¿Pagamos mucho o poco por la energía eléctrica? Desde hace años, bastante menos de lo que cuesta producirla. Un consumidor doméstico paga unos 9 euros por cada 100 kilovatios hora, de los cuales a las eléctricas les quedan 7,5 tras descontar los impuestos, mientras que los costes de producción medios en España rozan los 15 euros. Eso ha provocado que el déficit acumulado desde el 2000 ronde los 8.000 millones, con un crecimiento anual de unos 1.500. Esa deuda, devuelta por los consumidores poco a poco a través de la factura de la luz -a razón de 1.000 millones anuales-, sigue aumentando debido al estancamiento de la tarifa. Cada año, el Gobierno subasta en los mercados financieros la deuda contraída en los últimos doce meses para adelantarle ese dinero a las eléctricas. Pero este ejercicio no lo va a poder hacer, puesto que, en plena crisis de liquidez en los mercados, acaba de quedar desierta una subasta a la que solo se presentaron dos ofertas, las de la BBK y el Santander, con unos intereses demasiado altos, según la CNE. 2 ¿Qué piden las eléctricas? Llevan años reclamando que se suban más las tarifas para recoger todos los costes y no seguir engordando la deuda. Recientemente Unesa, la patronal de las firmas de generación tradicional -no renovables- hizo un cálculo según el cual la subida prevista para el 1 de enero debería de ser del 30%. El consejero delegado de Unión Fenosa, el gallego Honorato López Isla, explica que las eléctricas piden «que desaparezca la tarifa, algo que no tiene sentido en un mercado liberalizado», y que mientras exista «se hagan bien las cuentas para que el precio responda a los costes de producción». En este sentido, recuerda que «el 80% de la energía primaria que consumimos en España procede de combustibles que no tenemos, y si el petróleo sube de 50 a 100, como ha subido, y el carbón lo hace de 80 a 130, y si además tenemos en cuenta que por cuestiones medioambientales estamos apostando por unas energías renovables que tienen un coste de entre el doble y seis veces más, pues a ver quién paga eso». «Los 25 millones de consumidores domésticos que hay en España -reflexiona López Isla- pagan de media entre 26 y 28 euros al mes por el recibo de la luz, la mitad que en telecomunicaciones. ¿Qué pasa si se sube un 15% ese recibo? Nada, habría que pagar tres o cuatro euros más y nadie lo notaría, porque hoy el consumo eléctrico no tiene demasiado peso en una factura», explica. Las tarifas que entraron en vigor este año, con una subida del 2,8% en enero, no variaron en julio y octubre, a pesar de la propuesta de Industria de hacerlo en un 1,8%. Las eléctricas se quejan también de la decisión del Ministerio de Industria de rebajar de 1.200 millones de euros a 300 la denominada retribución de garantía de potencia, con la que se compensa a las compañías por mantener en funcionamiento las centrales menos rentables (las de fuel, sobre todo), que muchos días no están vertiendo energía al sistema, pero que deben de estar operativas por si falla algún otro tipo de generación, como la eólica por una caída inesperada del viento.? 3 ¿Qué están haciendo las eléctricas para presionar al Gobierno? En menos de un mes, la CNE ha abierto cuatro expedientes informativos relacionados con los precios ofertados por 37 plantas de generación, a las que podría acusar de manipulación. El regulador sospecha que las grandes eléctricas se han dedicado a no enviar al mercado mayorista las ofertas de sus centrales menos rentables. Las compañías evitarían así que la energía producida por plantas con altos costes de producción -gas, fuel o carbón- tenga que competir en ese mercado diario con otros ofertantes más baratos -eólica, solar o nuclear, con unos costes variables casi nulos-. Sin toda esa oferta, el operador del sistema, Red Eléctrica de España, no es capaz de cubrir los picos de demanda, por lo que en determinadas horas del día puede tener que recurrir al llamado mercado de restricciones. En ese caso, las plantas que habían sido reservadas entran en funcionamiento, de acuerdo con criterios de proximidad a las áreas en riesgo potencial de sufrir un apagón, y su energía es vendida al precio máximo de la jornada. La primera vez que la CNE investigó esta práctica fue en las semanas del 20 al 26 de octubre, y del 27 de octubre al 2 de noviembre. El jueves abrió otros dos expedientes por prácticas similares en las semanas del 10 al 16 de noviembre, y del 17 al 23. 4 ¿Existe un riesgo real de que haya apagones? Hay mecanismos suficientes para evitarlos, pero la semana pasada se estuvo más cerca que nunca en los últimos dos años y medio. El pasado lunes 19, primer día laborable del otoño con temperaturas bajas en toda España, se produjo una punta de demanda de 42.000 megavatios, que no pudo ser satisfecha en su totalidad porque se encontraban fuera de servicio más de 10.000 megavatios de centrales térmicas. La solución se solventó obligando a desenchufarse de la red a 200 grandes industrias, un protocolo previsto según el cual estas grandes factorías pagan una tarifa más barata a cambio de colaborar en este tipo de situaciones. El ministro de Industria se ha apresurado a decir que sería «demasiado conspirativo» pensar que lo ocurrido ha sido una acción coordinada por las eléctricas. No obstante, esta semana el departamento que dirige envió una carta a la CNE en la que pide que se investiguen por qué había más de veinte centrales de Iberdrola, Endesa y Fenosa que permanecieron apagadas entre el 12 y el 19 de noviembre. De inmediato, la CNE solicitó un informe a Red Eléctrica, gestor del sistema, del cual se extrae que, además de la interrumpibilidad del día 19, la indisponibilidad de buena parte de la generación ha hecho caer las reservas hidráulicas en un 64% desde principios de octubre, algo que, explican, «no se debe a razones ambientales o coyunturales».