Juicio oral contra el auditor del Deportivo por un presunto delito de falso testimonio como perito
ECONOMÍA
El juzgado de Instrucción de Arzúa ha ordenado la apertura de un juicio oral contra el actual auditor del Deportivo de La Coruña, Fernando A. Santodomingo, por un presunto delito de falso testimonio de perito. En la misma causa también se juzgará a Ricardo López Espiño por otro presunto delito de acusación y denuncia falsa. Los hechos se remontan a los años 1996 y 1997 cuando Ricardo López Espiño, acreedor de la empresa Maderas Rabiña, acusó de cohecho y desaparición de todos los activos de la compañía a los que eran interventores Diego Comendador y Luciano de Dios. Posteriormente, Espiño incorporó a la denuncia dos informes periciales elaborados por Santodomingo, con los que se pretendía corroborar la acusación. El juez de ese caso despejó toda duda sobre los denunciados al especificar que, de las diligencias practicadas, «no solo no se desprende que hayan tenido acción u omisión alguna tipificada penalmente, sino que la mayoría de las imputaciones que a los mismos se les hace con base en el informe del señor Santodomingo Fernández provienen de datos erróneos e incluso podría decirse que falseados, con ocultación de otros relevantes y que ponen de manifiesto la profesionalidad de los referidos imputados tanto en sus funciones de síndicos como de comisario y depositario en la quiebra». Petición Apoyados en este auto judicial, De Dios y Comendador presentaron una querella criminal contra López Espiño y Santodomingo por denuncia falsa y falso testimonio de perito, respectivamente. En su denuncia exigen que a Ricardo López Espiño se le imponga una pena de un año y dos meses de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 100 euros diarios durante 24 meses. Para Santodomingo piden dos años y cuatro meses de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión y oficio durante un período de 10 años y una multa de cien euros diarios durante 12 meses. En concepto de responsabilidad civil también reclaman otras indemnizaciones por daños morales y por el perjuicio económico ocasionado. El juez de Arzúa, por su parte, les requirió a Santodomingo y a López Espiño, una fianza de 3.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran imponérseles.