El impacto final en el precio que pagan los compradores rondaría el 1,5% Los promotores alertan de que el encarecimiento podría frenar la vivienda protegida
22 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El Código Técnico de Edificación, que será obligatorio a partir de finales de septiembre, encarecerá el coste de construcción de los pisos en torno a los 5.700 euros. Así lo calcula la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). La instalación de paneles solares que aseguren un mínimo de agua caliente, las garantías sobre los materiales utilizados en la obra, la obligación de hacer estudios geotécnicos, los aislamientos, accesos, etcétera, incrementarán los costes por encima del 1% en el que estima el Ministerio de Vivienda el impacto de las nuevas normas. «En el caso de los edificios, la repercusión no variará mucho de unos pisos a otros, aunque tengan diferente superficie, porque ya no se construyen pisos de 200 metros», explica Manuel Martí, secretario general de APCE. Recuerda que, a todo esto, habrá que añadir próximamente el impacto que tendrá la normativa sobre ruido, que aún no se ha publicado pero en la que ya está trabajando el ministerio. Repercusión Otras fuentes del sector promotor prefieren establecer el incremento del coste de la construcción en torno al 4% aunque aseguran que la repercusión sobre el precio final que pagan los clientes será inferior y oscilará entre el 1 y el 1,5%. «En esa cifra última influyen otros gastos como suelo, mano de obra, etcétera, que reducen el impacto del CTE sobre el consumidor», matizan. A ello habría que añadir la alta competencia existente en el mercado inmobiliario que, unido a la esperada ralentización de la demanda, contribuirá a moderar la repercusión sobre el precio final. En lo que sí coinciden promotores junto a otros expertos del sector constructor es en que el impacto puede dejarse sentir más en las viviendas de protección oficial (VPO) ya que el precio del módulo, muy ajustado, no puede modificarse libremente. La falta de rentabilidad podría frenar esta actividad. Todo ello, ¿a cambio de qué? Según el Ministerio de Vivienda, el objetivo es hacer edificios «más seguros y eficientes desde el punto de vista energético». La estimación que maneja el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) apunta que las nuevas normas del CTE permitirán a las familias un ahorro energético de entre el 30 y el 40% y una reducción de las emisiones de CO2, como consecuencia del ahorro energético, de entre el 40 y el 55%. Los promotores reconocen que esa reducción de los gastos es lo que va a compensar a las familias frente al incremento de los precios.