Si los empleados públicos no cumplen los objetivos podrán ser trasladados a otro puesto La tasa máxima de temporalidad será del 10% en los ayuntamientos y comunidades
29 mar 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Los funcionarios que no rindan ganarán menos que el resto y podrán ser trasladados a otro puesto, aunque no perderán su empleo, según anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Éste será uno de los cambios recogidos en el nuevo Estatuto de la Función Pública que prepara su departamento, un documento que intentará acabar con la idea de que este tipo de plazas son para toda la vida, se haga lo que se haga. «Yo no me quedo satisfecho con un modelo de Función Pública en el que los funcionarios, hagan lo que hagan, sean inamovibles. Y tampoco con uno en el que sean removibles en función de intereses políticos. La categoría de funcionario te garantiza el trabajo, pero no el puesto si no se cumplen sus funciones», subrayó el ministro. De ahí que, insistió, «la continuidad en los puestos dependerá de lo que se haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe». La idea es que quien más trabaje pueda progresar y ganar más de acuerdo con su productividad, un criterio que permitirá que los funcionarios que no cumplan los objetivos vean cómo su carrera y su salario se quedan estancados. Para lograrlo, el futuro estatuto establecerá mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los empleados públicos. Personal directivo Sevilla, que ha sacado la idea de un comité de expertos y que ahora tendrá que pactarla con el resto de los grupos parlamentarios, explicó ayer ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso que el nuevo estatuto «introduce la cultura de la eficiencia y de la valoración en el desempeño de la actividad, por lo que es un cambio muy importante». El anteproyecto de ley de la función pública propone también la creación de la figura de personal directivo, responsable directo de los resultados de la gestión en su departamento. Además, junto a estas importantes novedades no exentas de polémica, la nueva norma obligará a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a reducir la temporalidad laboral en el plazo de dos años. El nuevo estatuto les exigirá no tener una tasa de empleo temporal superior al 10%, cuando actualmente podían llegar al 30%. De todas formas, esta medida responde a un acuerdo al que Sevilla llegó con los sindicatos en su día y que no se había cumplido. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones, pero las complementarias (las que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo) serán fijadas por cada Administración, por lo que los salarios podrán variar. El nuevo estatuto prevé también una modificación de las normas de acceso a la función pública y de la forma de selección de los funcionarios. La idea es que a las pruebas tradicionales se añadan procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales. El Gobierno pretende sacar adelante el proyecto de ley del Estatuto de la Función Pública a lo largo de este año, para lo que llevará el anteproyecto al Consejo de Ministros en breve para su aprobación. En su tramitación parlamentaria deberá recabar apoyos.