La ley ferroviaria rompe el monopolio de Renfe y abre el mercado a la entrada de operadores
ECONOMÍA
La entrada en vigor ayer de la nueva Ley del Sector Ferroviario supone un cambio notable en la historia de Renfe, que finaliza con 63 años de monopolio, dado que la nueva legislación liberaliza el sector. La norma prevé la creación de dos sociedades nuevas, resultado de la separación de la operadora (Renfe), de las infraestructuras, donde aparece el nuevo administrador (ADIF), que sustituye al actual ente gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF) e incorpora a la división de obras de Renfe. Desde el 24 de enero de 1941 han pasado 63 años en los que por las vías españolas solamente podían circular los trenes operados por Renfe, pero en adelante, cualquier operador privado que quiera utilizar las vías españolas podrá hacerlo, tras obtener el permiso necesario del Ministerio de Fomento, y pagar el canon estipulado al ADIF. En principio, la liberalización únicamente se referirá al transporte de mercancías y queda para el horizonte 2008-2010 la segunda etapa, con la referida a los pasajeros. La ley, que fue presentada por el Gobierno anterior del PP y aprobada por las Cortes, debería haber entrado en vigor el pasado 18 de mayo, pero el nuevo Gobierno socialista decidió retrasarla hasta finales de año para poder desarrollar los reglamentos oportunos y los estatutos de las dos sociedades resultantes. El proceso de creación de Renfe Operadora por una parte, y ADIF como gestor por otra, supondrá el reparto de un total de 32.000 trabajadores que actualmente pertenecen a Renfe entre ambas entidades. Activos Renfe tendrá en propiedad tanto los trenes como los talleres de mantenimiento, con unos 16.000 trabajadores, con unos activos del orden de los 2.300 millones de euros. Por su parte, ADIF, que nace con unos compromisos de inversión del orden de los 22.000 millones de euros para los próximos cinco años, asumirá el resto de los trabajadores. Este segundo ente será el que se encargue de dar o no los permisos a las empresas privadas que quieran utilizar las infraestructuras españolas, y deberá cobrar un canon establecido para cobrárselo a estas empresas, incluida Renfe.