La oferta del consorcio ganador superó en 100 millones a la de Ferrovial y en 200 a la de Acciona y FCC Las cajas gallegas prevén una rentabilidad del 10% por su inversión en la autopista. El Gobierno asturiano anuncia que recurrirá la privatización.
28 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó ayer la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) al consorcio encabezado por la constructora Sacyr y en el que participan también el Santander Central Hispano, Torreal, Caixa Galicia, Caixanova y Caja el Monte. El precio de la venta ha sido de 1.586 millones de euros, un 44% superior al mínimo fijado. El grupo de los gallegos superó en algo más de cien millones la oferta de Ferrovial, Europistas, Caja Madrid y Unicaja (1.450 millones) y en más de 200 la del consorcio formado por Acciona y FCC (1.370). Y es que finalmente sólo tres de las trece empresas que en diciembre iniciaron la puja por las autopistas formalizaron su propuesta. Después de la baja de Abertis el lunes, OHL y la sociedad de capital riesgo Apax Partners manifestaron dentro del sobre que retiraban su oferta. Importantes ingresos El consorcio ganador manifestó ayer que esperaba que ésta fuera una operación muy rentable para las empresas que participan y calculan que tendrán una rentabilidad del 10% del capital invertido (1.586 millones), que en el caso de las cajas gallegas asciende a 316 millones de euros. Según sus estudios financieros, los ingresos que se generarán a lo largo de la vida concesional superarán los 25.800 millones de euros, por lo que esperan una gran rentabilidad. El presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, calificó la oferta del consorcio ganador como «muy buena, óptima y tremendamente positiva» e intentó atajar las críticas sobre el excesivo precio de salida de ENA (que tiene una deuda de 1.200 millones) esgrimiendo las cifras del último año (facturó 157 millones de euros y tuvo unos beneficios brutos de 77 millones). A los nuevos propietarios, que explotarán la concesión sobre 472,3 kilómetros de autopistas en España, la mayoría en Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco, les queda, sin embargo, negociar con el Ejecutivo navarro la compra de su parte en la autopista foral, valorada en 200 millones de euros. Ruiz Jarabo destacó que las condiciones exigidas por la Sepi para la privatización garantizan el futuro de ENA y recordó que se impusieron exigencias adicionales a quién quisiera pujar por el grupo como comprometerse a permanecer como socio mayoritario durante cinco años, el mantenimiento de la plantilla fija y de sus condiciones laborales, no tocar los fondos propios de la firma, así como la continuidad de la sede social en España y de las participaciones actuales en las filiales. Pero la privatización tendrá que salvar un escollo. A última hora de ayer el Gobierno asturiano anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de privatizar ENA, en la que se integra la Autopista Astur-Leonesa (Aucalsa). El consejero de Infraestructuras, Juan Ramón García Secades, dijo que esta privatización constituye un gravamen para los intereses asturianos, y denunció que el proceso «ha incurrido en fraude de ley al meterse todo en un paquete para obviar la consulta a las comunidades autónomas».