El Gobierno refuerza el control del mercado para evitar casos como el de Gescartera

El texto del proyecto, conocido como Ley Financiera, establece, entre otras cuestiones, la obligación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de hacer públicas las sanciones graves que imponga. En la actualidad sólo salen a la luz las muy graves, algo que, en su momento, facilitó que Gescartera siguiera adelante con sus actividades irregulares, a pesar de haber sido amonestada por el organismo supervisor. Además, y a la vista de los acontecimientos que desembocaron en la dimisión de la anterior presidenta de la Comisión, Pilar Valiente, por el caso Gescartera, la ley obliga a este organismo a dotarse de un reglamento interno, donde se determinará su estructura orgánica, sus procedimientos internos de funcionamiento, y la distribución de competencias. Requisito de honorabilidad Otro de los puntos que recoge el proyecto de ley es extender a los apoderados de las sociedades los requisitos de honorabilidad exigidos a los consejeros y directores generales de las empresas de servicios de inversión. La ausencia de esta obligación permitió, tal y como se puso de manifiesto en la investigación de Gescartera en el Parlamento, que esta sociedad fuera elevada al rango de agencia de valores por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Frente al sospechoso papel desempeñado por la auditora de la eléctrica Enron, la nueva legislación española permitirá al supervisor requerir los «papeles de trabajo» de los auditores de una sociedad en situaciones excepcionales. La introducción de este punto ha generado un profundo malestar entre las empresas auditoras, que hace algunos días anunciaron que recurrirían aquellos aspectos de la ley que les obligasen a facilitar documentos que consideran confidenciales. Las cajas, más adelante La reforma de las cajas de ahorros y la posibilidad de suspender de cotización a las empresas que presenten auditorías con salvedades quedan fuera del texto, y se podrán incluir vía enmienda durante la tramitación del proyecto en el Parlamento. El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las competencias que sobre las cajas de ahorros tienen las comunidades autónomas es la principal causa de que se busque el consenso entre las fuerzas políticas. Recordó que PP y PSOE ya han dado a conocer sus propuestas, y censuró a los socialistas sus opiniones «cambiantes». El principal cambio introducido en el borrador del proyecto, a instancias del Consejo de Estado, suprime la obligación que se pretendía imponer a las entidades de crédito de nombrar «defensores del cliente». Ahora se ha optado por la creación de órganos administrativos para la protección de la clientela, en forma de tres comisionados que, nombrados por el Ministerio de Economía, actuarán como defensores del inversor, del ahorrador y del partícipe en planes de pensiones, resolviendo consultas y reclamaciones de los clientes.

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