La crisis de Argentina provoca una caída del 15% de los beneficios de Telefónica en el 2001
ECONOMÍA
El Grupo de Telefónica obtuvo un beneficio neto de 2.106,8 millones de euros en 2001, lo que supone un descenso del 15,9% respecto al ejercicio de 2000, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta caída, según Telefónica, se debió en gran parte al impacto de la crisis argentina en sus cuentas de resultados, cifrada en 369 millones de euros, así como al aumento de las amortizaciones del fondo de comercio y a la reducción de los resultados extraordinarios respecto a los registrados en el ejercicio pasado. El Ebitda ¿beneficios antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones¿ alcanzó los 12.804,2 millones de euros, un 7,4% por encima de lo registrado en el ejercicio anterior. Según explicó la multinacional española, este favorable comportamiento refleja «la capacidad del grupo de generar resultados positivos y de calidad en coyunturas desfavorables». En este sentido, las provisiones por insolvencia realizadas en 2001, destinadas a hacer frente al efecto negativo de los tipos de cambio, aumentaron un 34,5%. El mayor impulso al Ebitda del grupo resultó el de Telefónica Móviles, que aportó un aumento del 7,4%. Expediente La operadora recibió ayer otra mala noticia. El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones decidió abrir expediente sancionador a Telefónica por presunto incumplimiento en la implantación de la preselección, infracción que el regulador considera «muy grave» . La preselección es el mecanismo que permite a un usuario de la telefonía fija decidir por adelantado la compañía con la que cursará sus llamadas. El regulador ha detectado que el operador dominante ha tratado de imponer «de manera súbita» los procedimientos de preselección al resto de operadores, sin negociarlos previamente. Y habría habría estableciedo condiciones diferentes de las que figuran en los procedimientos establecidos. Además, la CMT aprobó una medida cautelar para impedir que Telefónica suspenda el 1 de abril el servicio a las empresas de telefonía de uso público (locutorios, cabinas y locales públicos) que no acepten la modificación contractual propuesta por el operador dominante, porque «no puede hacerlo de forma unilateral».