Los directivos obligados a dimitir la pasada semana manipularon la memoria económica del 2000 El presidente de la ONCE, José María Arroyo, aseguró ayer que «existe una duda razonable» de que la Fundación ONCE sea uno de los socios de Gescartera, ya que no hay documentos que acrediten que se llegara a efectuar a su favor la donación del 10% del capital de la agencia de valores. Arroyo declinó toda responsabilidad del consejo de la institución en el caso Gescartera y achacó cualquier tipo de relación con la agencia a la actuación personal de los dos máximos responsables de su fundación que fueron obligados a dimitir la semana pasada y que manipularon la memoria del 2000.
03 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.José María Arroyo manifestó en rueda de prensa que la única constancia pública de la supuesta participación accionarial de la Fundación ONCE en Gescartera es lo manifestado ante notario por la firma de Antonio Camacho en el momento de transformarse en agencia de valores. Sin embargo, fuentes de la ONCE revelaron a Europa Press que el ex-vicepresidente segundo de la ONCE Rafael de Lorenzo y el ex-director general de la Fundación, José Manuel Pichel, obligados a dimitir la pasada semana, modificaron la memoria económica de la Fundación correspondiente al año 2000 tras conocerse la intervención de Gescartera, con el fin de incluir los datos referentes a la participación en la agencia. Únicos responsables En la investigación interna iniciada por la ONCE a raíz del caso Gescartera, cuyas conclusiones fueron leídas ayer por Arroyo, se señala a los dimitidos como únicos responsables y conocedores de las inversiones de la ONCE en Gescartera, de las que no informaron en ningún momento al consejo general ni al patronato de la Fundación. Además, el informe subraya que la decisión de Pichel de convertirse en consejero delegado de Gescartera fue «a título personal» y no en representación de la Fundación ONCE. Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) solicitó ayer la declaración judicial de quiebra de Gescartera. En el documento, Adicae pide la devolución de las cantidades depositadas por los afectados de Gescartera y «habida cuenta de que la sociedad carece de efectivo metálico para realizarla», insiste en la necesidad de «anular determinadas operaciones con algunos clientes importantes -los que supuestamente gozaron de información privilegiada y pudieron retirar su inversión a tiempo- como arma para que los afectados pueden recuperar su dinero».