Espina podrá gestionar el servicio de aguas un máximo de 9 meses

Contratación de Lalín advierte de que la cuestión debió abordarse antes de finalizar la adjudicación el 30 de septiembre e insta a priorizar al máximo la nueva licitación


Lalín / la voz

El contrato del servicio de abastecimiento de aguas y alcantarillado de un municipio es uno de los de mayor peso en la administración local, y también de mayor complejidad. En Lalín venció el pasado 30 de septiembre, tras 20 años, y la concesionaria Espina y Delfín continúa desde entonces con la prestación de un servicio básico. Desde el área municipal de Contratación señalan que esa continuidad «debeu ser abordada antes da finalización do contrato e non a posteriori», puesto que el Concello denunció el contrato el 16 de agosto del 2017: supuso marcar la finalización del acuerdo 13 meses y medio después, sin posibilidad de prórroga.

Al ser un servicio básico de prestación obligatoria es posible que la concesionaria continúe encargándose, y hay jurisprudencia que así lo avala. Aunque Contratación advierte de que no hay unanimidad en la cuestión, al entender que una continuidad al frente del servicio con el contrato expirado vulnera el principio de libre concurrencia. El informe señala que «o Concello atópase nunha situación complexa posto que a posibilidade de acordar a continuidade na prestación do servizo co actual contratista, unha vez vencidos os prazos contractuais, debe ser tomada coas máximas cautelas, aplicarse de forma restritiva e limitarse temporalmente ao tempo indispensable para a adxudicación do novo contrato».

Lalín no es un caso único

Pero la situación por la que atraviesa Lalín dista de ser única. Sucede también en otros municipios, y de hecho el informe hace referencia a la previsión legislativa para situaciones similares. El anterior marco legal, de 1953, marcaba un plazo máximo de 6 meses, mientras la actual Ley de Contratos del Sector Público fija esa prórroga del contrato originario hasta ejecutarse el nuevo en un máximo de 9 meses. Concluye así Contratación que la salvaguarda del interés público podría amparar la decisión del órgano de contratación de continuar con la prestación del servicio en las condiciones inicialmente pactadas. «Non obstante, advírtese que non se trata dunha situación que esté regulada legalmente, e que debe constituír una solución excepcional e limitada ao tempo estritamente necesario para permitir a finalización do expediente iniciado para a adxudicación do novo contrato, sendo necesario priorizar o seu trámite, aínda que se trata dun procedemento complexo e suxeito a múltiples recursos administrativos».

El nuevo contrato

¿Y cómo está la situación del nuevo contrato? Más retrasada de lo deseable. El Concello denunció el contrato el 16 de agosto del 2017, y un mes después contrató a Idom un análisis de la situación de la concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento y saneamiento de Lalín, para disponer de un estudio económico, legal y técnico que permitiese conocer la dimensión económica y características de la red. Los trabajos se entregaron en diciembre de 2017.

El pasado marzo, se contrató a Estudio Técnico Gallego para la redacción de pliegos y asesoramiento en la licitación de la concesión del servicio municipal de aguas, contrato aún en vigor. Presentó al Concello borradores de pliegos para la licitación, que estudia Secretaría. Por otra parte, la Ley de desindexación de la economía española establece la obligación de solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes para establecer en el pliego la correspondiente fórmula de revisión de precios. El pasado 23 de octubre, se dirigió comunicación a siete empresas del sector para que en 15 días presenten al Concello esa documentación. Y hasta ahí.

Los técnicos entienden que la empresa tiene derecho al alza del 2,2 % de tarifas

Más allá del complejo marco contractual que se presenta al Concello en los próximos meses con la concesión del agua ?los 9 meses que en teoría tiene de tope la concesionaria para seguir acabarían a principios de verano, justo después de que tome posesión el alcalde que determinen las urnas en mayo?, lo que se vota hoy el pleno es el alza de un 2,2 % en las tarifas de agua y alcantarillado según el IPC interanual.

Y en este extremo, hay coincidencia entre técnicos. Desde Contratación se expresa que ante una continuidad de prestación de servicio ?como de hecho se produce?, Espina y Delfín tendría derecho a las revisiones de precios previstas en el contrato anteriormente en vigor. De nuevo existe jurisprudencia que avala esta tesis, al considerar que de no aplicarse la revisión se provocaría un enriquecimiento injusto. Es la línea de lo expresado por el interventor en el último pleno, en que el gobierno retiró el punto del orden del día.

Las subidas, en cifras

La subida supone, para usos domésticos, pasar hasta 10 metros cúbicos de consumo al mes de 0,37 euros por metro a 0,378; de 10 a 20 metros cúbicos, de 0,506 a 0,517 por unidad. En usos no domésticos, de 15 a 100 metros cúbicos, de 0,641 por metro a 0,655; y de 100 en adelante, de 0,833 a 0,851. El alta de servicio, sube de 90,41 a 92,40 euros; las multas por acometidas sin licencia, pasan de 139,31 a 142,37.

En alcantarillado, la cuota fija por vivienda sube de 7,39 euros al trimestre a 7,55, y por metro cúbico consumido de uso doméstico de 0,179 a 0,183 euros.

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