Cuíña nombró ayer otra vez las calles tras anular el PP anteriores decretos

El secretario municipal asume un defecto de forma en los escritos de 6 y 13 de abril, pero se reafirma en la competencia del alcalde para dar o modificar nombres de rúas


Lalín / la voz

El secretario municipal de Lalín, César López Arribas, resolvió el recurso presentado por el PP contra resoluciones de alcaldía de 6 y 13 de abril que cambiaban el nombre de varias calles de la localidad. El portavoz popular, José Crespo, cuestionaba que los decretos afirmasen que el cambio de nombres era competencia del alcalde, al defender Crespo que lo es del pleno; y pedía la suspensión de los efectos jurídicos de aquellos dos decretos y su anulación.

En las conclusiones de su informe, López Arribas estima parcialmente el recurso interpuesto por los populares, y anula los decretos del 6 y el 13 de abril «por non constar nos mesmos avocación da competencia que ten delegada na xunta de goberno a alcaldía». El secretario señala que esa omisión constituye un vicio y defecto que puede suponer su anulación, y así lo hace. Asume que aunque en todas las resoluciones que dicta el alcalde se incluye esta cuestión previa, en esos dos escritos concretos no consta, y asume el error técnico: «Houbo un esquecemento por parte da secretaría xeral», reconoce.

En segundo término, desestima parcialmente el recurso de Crespo Iglesias, y se reitera en su pronunciamiento de que para dar nombre o modificar el nombre de calles «a competencia corresponde ao alcalde e non cabe a delegación de competencias», añadiendo que una vez anulados los decretos en litigio de 6 y 13 de abril «xa non procede entrar a ver a suspensión dos efectos dos mesmos». Como último punto, el informe del secretario indica a la alcaldía que puede dictar nuevas resoluciones con el mismo contenido que se dictaron anteriormente, incorporando como primer punto la avocación de la competencia delegada en la junta de gobierno local para ese caso concreto.

Es exactamente lo que hizo el alcalde, Rafael Cuíña Aparicio, ayer mismo tras conocer el informe de secretaría. Firmó un nuevo decreto para denominar Rúa da Cacharela, adicada á cidade de Bos Aires a la actual avenida de Buenos Aires, en el tramo del cruce con Pintor Laxeiro y Molinera hasta la intersección de Luis González Taboada y avenida da Estación. Por otra parte, empieza al fin a acabar con la sopa de letras del callejero de Lalín: la calle C es Nuno Eanes de Cercio; la calle D, Antonia Ferrín Moreiras; y la la F, Enrique Vidal Abascal.

Cuíña comunicará la resolución al pleno en su próxima sesión, «e tamén a vontade e a intención desta alcaldía de exercer a súa competencia neste eido para outorgar e pór os nomes ás rúas, prazas e demais espazos públicos de Lalín que teñen efectos administrativos».

Satisfacción del gobierno, que dice que antiguas rúas de Lalín no se aprobaron en pleno

El gobierno considera el informe del secretario demoledor «xa que vén darlle a razón ao goberno na súa decisión de nomear as novas rúas, unha competencia exclusiva do alcalde para a que non cabe delegación». Subraya que el secretario desmonta los argumentos del PP para que sea el pleno, en virtud del Regulamento de Honras e Distincións, quien decida los nombres de calles. Además, para sorpresa del ejecutivo, «bota por terra as declaracións do PP nas que se aseguraba que ata o de agora os nomes de rúa sempre se decidiran en pleno». Y es que el informe de López Arribas certifica que algunas calles se decidieron sin que exista constancia de acuerdos plenarios, ni de junta de gobierno, ni decretos que justificasen esas decisiones. Ocurrió, por citar algún ejemplo, con las rúas Carballeira da Botica, Feira do Vento y Camiño do Río; otras, como Penacoba, acabaron por dar nombre a varias calles de una urbanización.

La redacción de informes en el Concello, «actividad de riesgo»

Firmar informes en el Concello de Lalín empieza a convertirse en actividad de alto riesgo. Convertidos en arma arrojadiza entre gobierno y oposición, son textos que deben estar medidos para soportar no solo el escrutinio de políticos de uno y otro bando, sino también un posible análisis en sede judicial. Y además, sin fecha de caducidad, como acaba de comprobarse con la remisión al juzgado por parte de APAC de un informe sobre la situación laboral del ayuntamiento fechado hace cerca de seis años. Por si la situación no fuese lo suficientemente complicada, los técnicos municipales padecen incuestionables premuras de tiempo para la redacción de todos esos informes. Con una plantilla corta, y en la que las bajas laborales han proliferado a lo largo del mandato, el personal se ve forzado por políticos de gobierno y oposición a desviar su atención del trabajo diario, vital muchas veces para la buena marcha del Concello, para constantes redacciones de informes que unos y otros utilizan luego como munición política.

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