El PP de Lalín pidió someter a Fiscalía las acciones que le critica el gobierno
LALÍN
Presentó una moción demandó el envío de la documentación que decían fue dejada por los populares en los ordenadores y que originó una comisión de investigación
05 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El PP de Lalín pidió el envío, por parte del secretario municipal, a la Fiscalía de la documentación recuperada de los ordenadores municipales «para que sexa este órgano quen se encargue de dirimir si de esa documentación se deriva alguna responsabilidade». Al mismo tiempo pedía al secretario la emisión y envío a fiscalía «dun certificado _adxunto á documentación que se remita_ acerca do modo no que foron obtidos ditos documentos, especificando o modo, os medios técnicos, os decretos que houbese a tal efecto» y «as datas e as persoas que participaron na súa obtención».
Unas peticiones que el PP realizó por medio de la presentación de una moción de urgencia en el pleno ordinario de marzo celebrado ayer. La moción fue aprobada por los concejales del PP, que contaron con el voto a favor de Juan José Cruz, y la abstención de los ediles del grupo de gobierno.
Cuíña quiso dejar claro que la iniciativa era del PP y el portavoz del PP, José Crespo, insistió en que lo que querían era evitar que el regidor utilizara «constantemente esa amenaza de tirar da manta, co cal o constamos a que tiren da manta dunha vez e todo o que consideren que pode haber unha anomalía o manden á fiscalía»,
El regidor aseguró a Crespo que «eu xa lle dixen por activa e por pasiva que a vostede non lle faría ninguna putada». También se quejó el secretario que apuntó que no tenía atribuciones para hacer lo que le pedían en los puntos antes referidos, el 2 y el 3 del texto de la moción. Crespo le respondió que si tenía que firmar el alcalde que firmase pero que mandaran todo lo que considerarán oportuno y toda esa documentación a la fiscalía.
En la moción el PP da al secretario un plazo de 15 días para llevar a cabo el encargo y demanda que se deje sin efecto la comisión de investigación aprobada el 24 de diciembre de 2016 por los miembros del gobierno local una vez que «xa se superaron todos os prazos marcados na mesma». Una disolución de la comisión de investigación a la que el gobierno no puso objeciones. Desde el gobierno tanto Cuíña como Vilariño intentaron disuadir al PP y que dejara sobre la mesa la moción. Algo que los populares no aceptaron.
Pidió que se emitiese un certificado en el que constara la forma en la que el gobierno obtuvo esos datos. Crespo apuntó que siempre hablan de que «parece que nos temos moito que agochar», de ahí que pida que «mande todo a fiscalía» alegando que «queremos luz e taquígrafos» indicando que «non queremos que nos manipulen». Con la petición pretenden, dicen, que quede todo claro enviando a la fiscalía toda la documentación que tenía la comisión de investigación y todo aquello que el gobierno considere que hizo mal o de forma irregular a lo largo de su gestión.
En cuanto a la comisión de investigación, cuya creación fue aprobada con los votos a favor de gobierno y PP y la abstención de Cruz, recordaron en el texto de la moción se fijaba el plazo de dos meses _ampliable en caso necesario_ para dar cuenta de las conclusiones a las que se llegase. Se especificaba que en el caso de que no se formalizase ninguna prórroga ni surgiera ninguna eventualidad, a finales de enero de 2017 finalizaría el plazo de exposición de las conclusiones.
El 7 de febrero, apuntan, el regidor le comunicó al secretario la activación de la comisión y el 17 de febrero, Jorge García Fernández, integrante de la misma renunciaba a formar parte de ellas. El 19 de abril de 2017 el alcalde aceptó la renuncia del funcionario y nombraba en su lugar a Manuel Varela Santomé.
El cambio fue aceptado en el pleno del 28 de abril de 2017 y se estableció el 19 de junio como plazo de finalización de la comisión. El PP entendía que estaban superados ampliamente estos plazos marcados sin que se presentara ninguna propuesta de resolución y ningún avance. Acusan al alcalde de utilizar la existencia de esta comisión «en reiteradas ocasións» para «atacar aos concelleiros do PP e cuestionar o seu labor» considerando que se hacía un uso partidista y se mostraba «un escaso interese por arroxar luz sobre os asuntos acerca dos que se quería indagar».