Denuncia que el Concello se diese más prisa en contratar a un abogado que en acatar a Trabajo
20 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El secretario de Comisiones Obreras en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, insta al Concello de Lalín a acatar ya los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo para la transformación en fijos los contratos del personal laboral que estaban en situación irregular. Critica que «se queixaran que a transformación dos contratos era moito gasto e contrataron un abogado no seu día que lles costou para que os asesorase coa Inspección de Traballo e agora volven a facer outro contrato para os servizos dun letrado».
Recuerdan a los responsables del gobierno lalinense que la Inspección les dio de plazo de entre dos y tres meses para pasar a indefinidos a los 53 trabajadores con contrato de obra o servicio. García Pedrosa explica que «nós como denunciantes recibimos da Inspección copia e chegounos na segunda quincena de xullo un requimento dictado pola Inspección no que lle daba o Concello dous meses para a transformación dos contratos do Padroado Cultural». Indica que «o 27 de xullo, unhos días máis tarde, recibíamos o segundo no que lle daban tres meses para facer o mesmo cos traballadores que dependían directamente do Concello».
Cree que el gobiern local «deuse bastante presa para contratar a alguén para elaborar una nova RPT cando toda está xente aínda non forma parte desa plantilla». Califica la decisión de «precipitada, porque entendemos que o normal sería contratar cando este o proceso feito e se empece a negociar a RPT». Considera que para el proceso de transformación de los contratos no lo necesitan, «porque o único que teñen é acatar o que lles dí a Inspección de Traballo e si teñen algunha dúbida con preguntarlle á Inspección, xa está».
El Concello acordó en junta de gobierno contratar por 20.570 euros a un letrado. Una decisión que el gobierno local adoptó tras evaluar un informe del jefe del Servizo de Persoal e Emprego donde se reconoce que asumir esos trabajos con personal del Concello obligaría a desatender la actividad municipal. Pedrosa señala que cuando se renegoció la anterior RPT del Concello, el entonces alcalde, José Crespo, recurrió al servicio de personal de la Diputación «e non lle costou nada ao Concello de Lalín».
Un experto vinculado al PSOE
Para estas labores de asesoramiento el Concello de Lalín contrató a Miguel Diéguez Díaz, un abogado natural de Lugo pero que lleva asentado años en Ourense. A lo largo de su carrera ejerció algunos cargos de marcado carácter político al abrigo de este PSOE. Desde el verano del 2005 hasta el 2006 formó parte del equipo de la conselleira socialista de Educación, Laura Sánchez Piñón, ejerciendo en su gabinete labores de asesoría jurídica y parlamentaria. Fue director xeral de Recursos Humanos del Concello de Ourense con el socialista Francisco Rodríguez como regidor. Un puesto que desarrolló durante menos de medio año, entre finales del 2007 y los primeros meses del 2008. Durante el último tramo del mandato del bipartito prestó sus servicios también como asesor en la Consellería de Medio Ambiente cuando Pachi Vázquez era su máximo responsable.
En su perfil de Linkedln se retrata como especialista en Derecho Administrativo y Tributario, con experiencia en gestión y responsabilidades en la Administración, tanto autonómica como local, así como en la gestión universitaria.
Entre su labor profesional figura el asesoramiento a administraciones y concellos, principalmente, en la elaboración de la RTP, ordenanzas o auditorías laborales, entre otras indicando que actualmente está «centrado tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en recursos frente a la Administración».
En Rodeiro, el sindicato está a la espera de una contestación de Inspección
Comisiones Obreras había denunciado en su día la misma situación existente en el Concello de Lalín en el de Rodeiro. En el municipio cambote, la junta de gobierno aprobó ya con carácter definitivo el expediente destinado a transformar en definitivos los contratos de diecinueve trabajadores municipales. Un cambio que entró en vigor el pasado 1 de julio. Ahora solo queda, apunta García Pedrosa, «algún pequeno fleco», explicando que aun están pendientes de recibir la contestación de la Inspección de Trabajo a la cuestión que se planeó sobre la forma de computar la jornada laboral al personal del Servizo de Axuda no Fogar. El sindicalista apuntó que lo que sí se hizo ya fue establecer un control horario del personal que plantearon en su momento. Comisiones pedía que se contara la jornada desde el momento que las trabajadoras salían de sus casas.