Conflicto propietarios-inquilinos en un edificio a la venta en A Estrada
A ESTRADA
Una vecina exige reparaciones y la invitan a dejar el piso por el que paga 60 euros
19 mar 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto ha estallado en el edificio con el número 1 de la Avenida de Benito Vigo de A Estrada, justo en la esquina con la Avenida de América. Se trata de un viejo inmueble de los años sesenta que hace tiempo que luce un cartel que indica que se vende al completo. El edificio se fue vaciando progresivamente durante los últimos años y, en la actualidad, a simple vista, podría darse por abandonado. Sin embargo, en su interior alberga vida todavía. En el inmueble, de cuatro plantas de altura, quedan cuatro viviendas alquiladas. En dos de ellas hay residentes de forma permanente, en otra la inquilina se dio por vencida por la falta de mantenimiento general y se buscó otro piso —aunque conserva el alquiler— y en el cuarto vive una pareja que hace vida a caballo entre Francia y A Estrada. Es la inquilina de esta última vivienda, Eugenia Silva, la que ha tomado medidas para tratar de solucionar una situación de falta de mantenimiento general del edificio que, según asegura, viene arrastrando desde hace años.
Eugenia Silva firmó el contrato de alquiler de su piso —el cuatro izquierda— el 1 de agosto de 1991. Según asegura, entonces el piso estaba «abandonado» pero no tenía ni humedad ni filtraciones. El alquiler era económico (60 euros al mes), así que Eugenia y su familia se encargaron de pintar el piso, barnizar el suelo y convertirlo en un hogar. Todo fue bien hasta que en torno al año 2000 empezaron a aparecer humedades y filtraciones. Según Eugenia, en el 2002 «llovió dentro» y en el 2017 hubo una inundación en condiciones. «Los colchones chorreaban y las alfombras nadaban», dice Eugenia. Según asegura, la propietaria «nunca arregló nada, solo alguna pequeña reparación a través de nuestro seguro». La arrendataria insiste en que habría estado dispuesta a pagar más de alquiler a cambio de que se reparase la cubierta del edificio en condiciones para evitar la entrada de agua, pero la realidad es que nunca se llegó a ningún acuerdo en ese sentido.
La situación estalló finalmente a finales del pasado mes de octubre. El día 29 de ese mes, estando la inquilina residiendo en el piso, se produjo tal entrada de agua por el techo que, según la demanda presentada posteriormente por la inquilina, se vio obligada a desalojar el inmueble y se deterioraron todo el mobiliario y la ropa existentes en el piso. Eugenia Silva relata que, al no poder localizar a la propietaria, llamó a la Policía Local y a Protección Civil, que elaboraron un informe de los hechos y le sugirieron que abandonase la vivienda por seguridad, debido al riesgo eléctrico que conllevaba la entrada de agua por los conductos eléctricos y al riesgo de caída de parte de la placa superior o de que se produjese un cortocircuito.
Según Eugenia Silva, la propietaria rechazó reubicarla en alguno de los pisos vacíos del edificio —los de la planta baja carecen de filtraciones— o asumir la reparación de la cubierta, por lo que la inquilina considera que no le quedó más remedio que acudir al juzgado. Según asegura, después de más de treinta años le tiene un especial apego a la vivienda. «No es cuestión de dinero. Pagaría más de alquiler si arreglasen el tejado», asegura.
La demanda
En su demanda, Eugenia pide que se condene a la propietaria a realizar las obras necesarias en el piso para poder seguir usándolo en condiciones adecuadas de seguridad, higiene, habitabilidad y salubridad. Solicita también que se le devuelvan las rentas cobradas desde la fecha de la inundación, que se compensen los daños en su mobiliario y ropa y que se le indemnice por no poder hacer uso del inmueble desde la inundación en sus estancias en A Estrada.
A raíz de la demanda, la propietaria le ha remitido a la inquilina una notificación dándole tres meses para abandonar el piso, dando por terminado el contrato de alquiler. La dueña del edificio prefiere no entrar a valorar el caso, aunque confirma que el edificio está a la venta y que los pocos inquilinos que quedan pagan rentas muy bajas. De hecho, los 60 euros de Eugenia eran la tarifa más elevada, con otros muy por debajo de esa cuantía. Su abogada aclara que el contrato con Eugenia era un contrato sometido a lo que coloquialmente se conoce como Decreto Boyer, por lo que la inquilina no tiene ningún derecho consolidado para seguir en el edificio.