El verano está siendo malo en A Estrada. Meteorológica y políticamente hablando. El sol no acaba de calentar las piscinas y a los políticos les llueven los problemas. Algunos son consustanciales a la crisis que todo lo empaña. Otros, se los buscan ellos mismos.
Llueven multas para los políticos poco diligentes en la aplicación de la ley. En materia urbanística, la norma parece saltarse las normas a la torera. Sin pudor ni arrepentimiento manifiesto.
La primera multa nominal le cayó al ex alcalde estradense José Antonio Dono antes de desalojar la alcaldía. Tuvo que poner 500 euros de su bolsillo. Al bipartito estradense le tocó la papeleta de ejecutar la sentencia de derribo de una casa en Codeseda y de lidiar con la ilegalidad del edificio número 9 de la calle Iryda. Ambos asuntos los heredó del gobierno anterior. Nadie dice que la política municipal sea un camino de rosas.
Al equipo de Dono debió de parecerle mucho tirar dos inmuebles en una legislatura y dilató la ejecución del fallo que obligaba a reponer la legalidad en Iryda. No es justo para quienes, ajenos a trapalladas urbanísticas, invirtieron en un piso los ahorros de su vida. Pero tampoco es justo hacer la vista gorda con ilegalidades manifiestas que engrosan la larga lista de apaños y abusos locales. Alguien tiene que poner freno. Los alcaldes deben dar ejemplo, por impopulares que sean las medidas y por costosas que sean en votos.
Dono pagó lo suyo. Ahora le toca a José López desembolsar 500 euros cada 20 días hasta que no se reponga la legalidad. Con tal recordatorio, lo lógico sería que se diese prisa.