El arqueólogo soutelano Alfredo González Ruibal, gerente del Centro etnográfico de Terra de Montes (Cetmo), tuvo que prestar ayer declaración ante la jueza estradense para responder por las acusaciones recogidas en la querella penal presentada contra él por la familia del ex alcalde franquista de Cerdedo, Manuel Gutiérrez Torres. La querella por injurias y calumnias fue presentada en octubre del 2007 y motivada por los contenidos que el acusado colgó en la página web de la Universidad de Standford, en la que entonces disfrutaba de una beca de investigación.
Según explicó ayer el abogado de la parte acusadora, Santiago Taibo Piñeiro, entre octubre del 2006 y junio del 2007, la citada página web se hizo eco de un estudio del investigador cerdedense Dionisio Pereira sobre la República y responsabilizó a Manuel Gutiérrez del asesinato de 39 personas durante la época de la guerra y de la posguerra. El abogado destacó la diferencia entre el estudio original, que hablaba de 39 «presuntos» asesinados, y el resumen publicado en la web, que prescindía de la palabra «presuntos» e incluía una foto de Manuel Gutiérrez con las palabras en inglés «The killer» (el asesino). La familia demandante exige, además de una rectificación, el pago de una indemnización de 100.000 euros. En el acto de conciliación celebrado en septiembre en el juzgado de paz de Forcarei, el acusado rechazó el acuerdo por las condiciones impuestas.
Tras cerrarse la vía de la conciliación, Alfredo González fue citado ayer para prestar declaración sobre los hechos.
Según explicó su abogada, Jacoba Millán, en la web de la Universidad de Standford González daba cuenta de los asesinatos cometidos en Cerdedo durante la guerra y la posguerra e incluía también una foto del ex alcalde franquista ejerciendo de padrino en una boda. No obstante, la abogada indicó que la intención de su cliente fue la de expresar que «os represores teñen tamén o seu lado amable». Según aseguró, «a páxina titúlase Killers e vai separada a foto de Gutiérrez dos mortos. Non lle atribúe os asasinatos».
Tras la declaración del imputado, su defensora expresó el deseo que se archiven las diligencias y se evite la celebración del juicio.