Más de 14.000 edificios con más de 50 años tendrán que ser revisados

La nueva ley autonómica de rehabilitación obligará a hacer inspecciones en la zona


Lalín / la voz

La inspección técnica que establece la Lei de Rehabilitación de Galicia para las edificaciones que cuentan con más de medio siglo de antigüedad resulta obligatoria desde el 2011 en determinados núcleos de población. Esa es la teoría plasmada en un real decreto de ese año establece que deben someterse a ella las construcciones de más de cincuenta años en las localidades de más de 25.000 habitantes. Cuando la Xunta apruebe la nueva ley que ahora está en trámite parlamentario, la ITV urbanística deberá aplicarse en todos los municipios con independencia de su población. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes la medida afectará a más de 14.000 edificios, en concreto 14.100.

El Consello de la Xunta aprobó el pasado 10 de enero para su remisión al Parlamento el documento que recoge la futura ley de rehabilitación. La intención declarada del Gobierno gallego es que entre en vigor el 1 de enero del 2020. Si es así, la inspección técnica obligatoria afectará a los edificios construidos antes de 1970. Con al menos esa antigüedad figuran en el padrón del Instituto Galego de Estatística (IGE) 14.100 en las comarcas, destacando los 3.845 de A Estrada y los 3.055 de Lalín.

En el resto de municipios también resulta significativo el volumen de edificios a revisar en Silleda, con 1.867, así como en Vila de Cruces, con 1.251 y Forcarei, donde figuran en el IGE un total de 1.188. También por encima del millar se sitúa Agolada, con 1.128, mientras ya por debajo de ese número figuran los 743 edificios de Rodeiro, 606 de Cerdedo y 4017 de Dozón.

Aunque quedan por conocerse detalles de la nueva legislación autonómica en la materia, esperándose plazos amplios para que los propietarios puedan ir haciendo esas revisiones en sus edificios, sí se incluyen en la normativa sanciones para aquellos que se escabullan de ese Informe de Avalación do Edificio. Así, se establece que las multas pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros. Otro aspecto a tener en cuenta será la repercusión económica que supondrá su realización sobre los propietarios, ya que fluctuará según las características del inmueble, desde su estado y antigüedad a su volumen edificatorio, apuntándose desde algunas fuentes del sector que pueden rondar entre los 300 y los 1.800 euros.

Pero al margen de ese coste significativo seguro que a más de un propietario tampoco le gustará saber que ese documento tras pasar la «ITV» solo tendrá validez por diez años. Cuando acabe ese plazo deberá pasarse una nueva inspección en un proceso regulado por la nueva ley de la Xunta pero que deja en los concellos la gestión del proceso para acreditar el grado de conservación de esos inmuebles y evitar posibles sorpresas desagradables como un derrumbe por no haber valorado su estado.

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