Los Concellos de Lalín, Vila de Cruces y Agolada, que habían solicitado en conjunto una subvención para la instalación de cámaras de videovigilancia en los respectivos polígonos industriales ante la Consellería de Industria acaban de rechazar la aportación aprobada por la Xunta de Galicia para el proyecto. La razón es que la subvención autonómica no superaba el 70 % del proyecto conjunto. Al presentarse en conjunto los tres municipios, la aportación que definía la orden podía alcanzar el 95 % del montante total de las instalaciones, con lo que las cargas financieras que deberían soportar las arcas municipales se quedaban en torno al 5 %, por lo que en función del gasto de cada municipio oscilaban entre los 2.000 y los 5.000 euros.
Industria les daba el 66 %
Sin embargo, tras confirmarse la concesión de una aportación con un montante en torno al 66 %, esto es, muy por debajo de las previsiones municipales, las juntas de gobierno de los tres municipios decidieron renunciar a la subvención e intentar abordar la instalación de estos dispositivos con cargos a próximas órdenes.
El alcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero, se pronunciaba ayer en torno a esta cuestión, indicando que del coste solicitado de 80.000 euros en su municipio, la ayuda se quedó en 50.000. El regidor afirma que en la actualidad el Concello no puede asumir destinar la cuantía restante a ese proyecto, y añade que la administración debería tener en cuenta estas circunstancias y evitar disgregar sus aportaciones en muchas órdenes distintas, que hacen inasumible a las corporaciones locales aportar la diferencia, por lo que debería concentrarse la distribución de ayudas en menos apartados, pero que no obligasen a los Concellos a asumir porcentajes que en la práctica no pueden asumir. Otero puso otro ejemplo: para un colector que unifique el casco urbano cruceño con el polígono agroforestal, que cuesta 250.000 euros, la Xunta le concedía 50.000. Tuvo que renunciar a la ayuda.