Ni hay dimisión ni expediente de responsabilidad pedidos por PSOE y BNG
05 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La mayoría del PP en el pleno de Vila de Cruces dejó las cosas como estaban al inicio en la sesión forzada por PSOE y BNG sobre la expropiación de la calle que parte de Manuel Iglesias y no tiene salida. Pedían información de todo el proceso, cómo queda una vivienda afectada en ese proceso incoar un expediente de responsabilidad patrimonial y la dimisión del alcalde por ocultar información y mentir.
PSOE y BNG consideraron que no se aportó información en las intervenciones del portavoz, Manuel Souto, y del propio alcalde Jesús Otero. Souto apuntó que el fallo del TSXG que anuló la expropiación en su día solo incidía en el proceso de urgencia y no en la expropiación ni en la necesidad de abrir la calle. Aseguro que hubo muchos contenciosos y unos se ganan y otros se pierden, y no entendía porque la oposición se vuelca en este. Justificó el proceso señalando que el planeamiento es de 1993 y allí se define suelo urbano y se delimita la calle. Cinco años después propietarios de una parcela colindante solicitan licencia y se la dan porque urbanísticamente procede al estar delimitada la calle, dice el gobierno. Y para atender esta licencia se abre el proceso de apertura de la calle. Incluso Souto cifra en que esa edificación generó más de 30.000 euros en ingresos. El proceso se disparó en contenciosos y anulación de licencia para la casa. En el caso de la calle, y es lo que justificaba el pleno, la situación está en punto cero. Los portavoces socialista, Javier Castelo, y nacionalista Xoán Blanco, trataron insistentemente en que el gobierno mostrara signos de responsabilidad porque el contencioso llevó a tener que indemnizar a la familia de herederos del solar-calle, asumir intereses, gastos y finalmente a devolver el solar expropiado, hecho que ocurrió el pasado día 5 y que se consuma con calle, acera y farola puestas.
Coste desmesurado
El gobierno no detalló gastos de todo este viaje a ninguna parte. Si apuntó que estaba en las actas. Pero Xoán Blanco detalló una quincena de partidas de gasto en proyectos de expropiación, apertura, abogados, recursos... que suman casi cincuenta mil euros. Además de esta partida, en el proceso hubo indemnización e intereses que superan los 40.000 euros. El portavoz socialista Javier Castelo elevó el gasto total de esta operación urbanística en las arcas municipales a una estimación de 200.000 euros aunque aquí podría incluir procesos abiertos ligados a la vivienda cuya anulación de licencia está en recurso a en demanda de ejecución, según diga el gobierno o el PSOE.
El Concello dice que no oculto información y que el pleno no lo convocó antes a la espera de acabar el litigio sin inmiscuirse.
Castelo y Blanco se mostraron muy críticos. Usando términos muy duros cuestionaron toda la gestión. Su minoría les dejó sin dimisiones y sin que se abriese un expediente de responsabilidad patrimonial para que los responsables del desaguisado paguen esos costes generados, demandaba la oposición.