El Real decreto de 21 de abril de 1834 vino a poner orden en el caótico mapa judicial español heredado del Antiguo Régimen eliminando las demarcaciones territoriales precedentes e instaurando los partidos judiciales tal y como han llegado hasta nuestros días. En aquellas fechas era Tabeirós la sede de esta institución, que se traslada posteriormente a A Estrada, donde se construyó la cárcel de partido. Así mismo se trasladó la capitalidad municipal, de forma que el nuevo partido resultante quedó constituido por los ayuntamientos de A Estrada (cabeza de partido), Cerdedo y Forcarei.
Desde entonces la sede judicial estradense, en la que han ejercido y ejercen jueces, abogados, procuradores y funcionarios de la mayor valía personal y profesional, se ha caracterizado por su proximidad a las personas y vocación de servicio conforme al espíritu y a la letra de aquella vieja ley.
Pero he aquí que el 16 de abril de este año la Vocalía del Consejo General del Poder Judicial presentó un proyecto de bases para una nueva demarcación judicial en el que, entre otras resoluciones, se propone la supresión del partido judicial estradense, que quedaría integrado en el de Pontevedra, a donde tendrán que desplazarse las personas que deban hacer uso de la justicia además de sus abogados o procuradores, causando a todos ellos serios perjuicios económicos y laborales. Recordemos, además, que aquella ciudad se encuentra a más de una hora de distancia de algunos lugares de nuestro término municipal. ¿Es así como se concilia la calidad de la justicia con el fácil acceso de los ciudadanos a la ley? De la lectura del nuevo proyecto de demarcación judicial se deducen multitud de deficiencias y disposiciones contradictorias -como mantener el Partido Judicial de Lalín con 44.000 habitantes y concentrar 383.700 en Vigo-, que atentan contra el sentido común y reducen las posibilidades de consenso.
Es por ello que la nueva demarcación judicial resulta inaceptable para los ciudadanos y profesionales de la justicia, a sabiendas, además, de que su aplicación puede ocasionar muy serios perjuicios a nuestra villa, no solo en su prestigio y acendrada tradición jurídica sino también en su evolución económica. ¿Se ha tenido en cuenta este factor a la hora de redactar tal documento? ¿Alguien ha previsto el sentimiento de inseguridad, de alejamiento de la justicia, que va a producir en las personas? ¿Se ha pensado en el gravísimo daño que puede ocasionarnos la supresión en cadena de otros organismos como la Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad, el Registro Civil o la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Alguno de sus redactores ha parado mientes en la inestabilidad institucional y guerras políticas que el proyecto puede provocar?.
A la vista de tal desatino algunas personalidades del gobierno de la nación -como el propio ministro de Justicia-, y de las comunidades autónomas, se han apresurado a matizar el alcance de aquellas medidas, llegando, en algunos casos, a garantizar el mantenimiento de la división judicial actual. Testimonios de este tipo los encontramos a diario en la prensa y de ello se desprende que las decisiones no son inamovibles y que aún existe capacidad de negociación y posibilidad de acuerdos razonables. He ahí el camino.
Una vez expuestos algunos de los graves perjuicios que puede ocasionar a A Estrada la aplicación de la nueva planta judicial veamos un par de propuestas.
La primera de ellas, según aquel viejo proverbio que recomienda no hacer mudanza en tiempo de zozobra, sería conservar el actual estatus. Llegados tiempos más propicios construyamos el edificio de los nuevos juzgados, bien dotados y accesibles al ciudadano. También cabría sugerir la agregación al Partido Judicial de A Estrada de los ayuntamientos limítrofes de Valga, Cuntis y Pontecesures, conforme al principio de proximidad, logrando un aporte poblacional próximo a las 45.000 personas.
Nos corresponde ahora asumir nuestro deber de ciudadanía defendiendo aquello que nos pertenece desde hace ciento ochenta años. El mantenimiento del Partido Judicial de A Estrada y su incremento y mejora está en las manos de todos y cada uno de los estradenses, de los partidos políticos con representación municipal, asociaciones de todo tipo y, como no, del gobierno municipal, a cuyo regidor cabe la honra de liderar las demandas de los ciudadanos a los que representa y sus legítimos intereses. De defender, en fin, nuestras esperanzas de futuro.