Las dificultades de Hacienda para trasladar sus notificaciones a los contribuyentes también afectan a las empresas propietarias de molinos eléctricos. La Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra anunció la exposición de una lista de los titulares de parques eólicos a los que no les pudo hacer llegar los nuevos valores catastrales, tras ser declaradas las instalaciones bienes inmuebles de características especiales (grupo A1). Esta declaración les obligará a pagar más impuestos a los concellos.
El problema afecta a parques eólicos de 27 concellos y, según los plazos fijados en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de propietarios de molinos afectados por este problema se expondrá en los ayuntamietnos y también en la Gerencia Territorial del Catastro.
Estas nuevas valoraciones de los eólicos afectan, en concreto, a los concellos de Agolada, Cerdedo, Forcarei, Lalín, Silleda, Rodeiro, Vila de Cruces, Arbo, Caldas, A Cañiza, Catoira, Cotobade, O Covelo, A Lama, Mondariz, As Neves y Vilagarcía. El problema de la imposición de los eólicos lleva pendiente en la provincia desde hace dos años. La Diputación anunció entonces una nueva valoración que permitirá multiplicar por tres el tipo impositivo aplicado a los molinos (para llegar al 1,3 en vez del 0,4) con el consiguiente aumento de la recaudación que va a parar a las arcas locales.
El nuevo esquema se basaba en la consideración de los parques de aerogeneradores como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Según el organismo provincial, la medida afectará a 1.257 aerogeneradores en los distintos concellos pontevedreses. De acuerdo con la misma fuente, en septiembre del 2007 no había dados de alta «más de 400 y todos ellos por el sistema anterior, es decir, cotizando al 0,40».
En colaboración con la Dirección General del Catastro, el Organismo Autónomo de Gestión de Recursos Locales (ORAL), dependiente del ente provincial, se comprometió entonces a impulsar una nueva valoración y catalogación que permita a los ayuntamientos arañar en el futuro más dinero de la tarta eólica.
En concreto, el ORAL ofreció colaborar en la elaboración de las ponencias parciales de los parques eólicos, es decir, en la valoración de las maquinarias y en la medición in situ de los metros cuadrados que ocupan los diferentes molinos. La finalidad de este trabajo estaba dirigida a cuantificar los valores catastrales.
La actuación emprendida fue consecuencia de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, a raíz de un recurso presentado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida en aquel momento por el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias. Este recurso afectaba a una disposición del Real Decreto 417/2006, que excluía los parques eólicos de cotizar como bienes de características especiales. El fallo, aplicable en todo el territorio nacional, respaldó los postulados defendidos por la Fegamp. El Tribunal Supremo anuló un apartado del artículo 23 de dicho decreto en el que se excluía la producción eólica de las energías de régimen especial. La decisión judicial obligó a que los parques eólicos y los fotovoltaicos sea catalogados y valorados como bienes inmuebles de características especiales.
Incluir minihidráulicas
El valor de los parques eólicos debería estar constituido por el suelo, los edificios e instalaciones (canalizaciones y soportes, entre otras), así como por la maquinaria. Además de elaborar unas ponencias especiales de valores que, en teoría, deberían estar listas antes del 31 de diciembre del 2007, la nueva imposición obligaba a revisar en idéntico período las ordenanzas fiscales de los concellos, una tarea para la que los consistorios recibieron el asesoramiento del ORAL y de la propia Diputación, a fin de evitar lagunas jurídicas que diesen lugar a recursos de las empresas.
La Diputación, como organismo representativo de los 62 concellos de la provincia, pidió el pasado mes de marzo que la misma normativa por la que van a regirse los molinos eléctricos, a efectos de la imposición como bienes inmuebles, se aplique igualmente a las centrales minihidráulicas.
Este tipo de centrales han proliferado igualmente en la provincia de Pontevedra en los últimos años y algunos ayuntamientos creen que deben dejar parte de sus beneficios en la zona en que están enclavadas.