La constitución del consorcio provincial no es el único punto de discrepancia entre Xunta y Diputación, Castor Fernández, que esta misma semana se entrevistó con Louzán, señaló que el gobierno provincial mantiene que nadie ha hablado con la Diputación de forma oficial y que, de momento, el problema compete al Ayuntamiento de Pontevedra.
Las fórmulas para la comarcalización de este parque aún no están definidas, pero todo apunta a que la Diputación, la Xunta o el futuro consorcio provincial tendrían que realizar una aportación -de momento no cuantificada- para que Pontevedra siguiese prestando servicio a los concellos menores de 20.000 habitantes de su propio entorno.
La Xunta mantiene que el servicio a estos municipios es una obligación legal de la Diputación y acusa al organismo provincial de no querer prestarlo. Pero la propia Xunta admite que el organismo provincial paga el 50% de los cinco parques actuales -O Salnés, Deza, Vilagarcía, O Morrazo y O Porriño- que atienden decenas de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Desde la Xunta se pretende incrementar esta red con nuevos parques para las comarcas de Caldas de Reis, O Condado/Paradanta y Vigo.
La Diputación admite a su vez que se puede «falar» de estos asuntos, pero que para eso tiene que haber un clima de diálogo que quedó roto al no ser incluida la institución provincial en los órganos rectores de la Axencia Galega de Emerxencias. Todo apunta, en cualquier caso, a que después de las elecciones se podrá retomar el diálogo. De momento, la falta de contactos ya provocó dificultades a la hora de obtener acuerdos como la subida salarial para los bomberos.