EL CRISOL | O |
14 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.EL PAGO DEL IBI de la autopista AP-53 fue una cuestión que siempre despertó dudas para el alcalde de Lalín, Xosé Crespo. Unas sospechas que se confirmaron cuando la empresa adjudicataria de la autopista, Acega, emprendió batalla administrativa contra la ponencia de valores redactada por Catastro. La firma planteó recurso sabedora de que, una vez la ponencia fuese firme, se haría más difícil intentar evitar un elevado pago por la contribución. Un año después de darse a conocer aquella ponencia, las arcas municipales de Lalín han recibido los primeros 300.000 euros de Acega. Es una compensación económica por soportar el paso por el municipio de una autopista prohibitiva en los trayectos con destino y origen en Lalín. Dos años después de la apertura del trazado completo, de Santiago a Alto de Santo Domingo en Dozón, el Concello lalinense no ha logrado avanzar en los frentes abiertos -político y judicial- para lograr un costo por kilómetro entre Lalín y Santiago similar al que soporta la vía de peaje entre Silleda y la capital gallega. Y es que mientras los 33 kilómetros entre Compostela y Silleda suponen 2,8 euros -14,11 pesetas por kilómetro-, los 42 de Santiago a Lalín se van a 4,65 -18,4 pesetas por kilómetro-. Aunque el origen del conflicto esté en el pliego de condiciones de adjudicación de la autopista, no parecen convenientes ni adecuadas posturas inmovilistas que, en la práctica no perjudican sólo a los potenciales usuarios, sino que reducen los ingresos de la propia concesionaria. Y lo digo en primera persona, porque con gusto evitaría el habitual radar de Prado, si viajar en condiciones de seguridad por la AP-53 hasta Lalín 2000, me supusiera 3,6 euros. Pero que seguiré haciendo el tramo final por la N-525 mientras el peaje continúe en los 4,65.