La cifra supone una reducción de cuatro respecto al ejercicio anterior Vázquez Sandes alude en su informe al elevado pago por expropiaciones para el paseo Pontiñas
01 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l Valedor do Pobo, José Ramón Vázquez Sandes, recibió un total de catorce quejas de los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante el pasado año, un escaso porcentaje de las 381 tramitadas en toda la provincia. Una cifra respecto a la zona que supuso una reducción respecto al 2004, cuando fueron dieciocho las que tuvo que atender. Además, también se constató un descenso en reclamaciones relacionadas directamente con los concellos, ya que según la memoria presentada ayer por el Valedor do Pobo, tan sólo hubo dos en el 2005, correspondientes al Ayuntamiento de Silleda, cuando habían sido once las vinculadas a la gestión municipal las tramitadas en 2004. Del informe también hay que destacar la alusión que hace Vázquez Sandes a las expropiaciones forzosas promovidas por la Xunta, en aspectos como los justiprecios y valoración de los bienes afectados. Ejemplifica el Valedor con un caso: las expropiaciones por Augas de Galicia para la primera fase del paseo Pontiñas de Lalín, en 1996, con una previsión de coste de 176.129 euros y ahora, tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asciende la valoración a más de ocho millones de euros. En el caso silledense se realizaron recomendaciones a la alcaldía para que hiciese efectivas medidas para la restauración de la legalidad urbanística, así como la tramitación de un estudio de detalles para la fijación de alineaciones de varias viviendas afectadas. La problemática surgió en el lugar de Costela, en la parroquia de Moalde. El Concello mostró su disposición a acatar esas recomendaciones pero, según recoge el informe, en el momento de su redacción el demandante había vuelto a remitir un escrito al Valedor señalando que no se había solucionado el problema. De nuevo se repitieron las quejas presentadas en torno a proyectos para construir diversas presas en el cauce del río Ulla, aunque posteriormente la Consellería de Medio Ambiente, como recoge el informe, se está replanteando la política respecto a estos aprovechamientos hidroeléctricos e incluso ha rescatado algunas de las concesiones, o paralizado otros proyectos. También se presentó otra queja ante Vázquez Sandes por daños ocasionados por el paso del AVE en el tramo entre Lalín y Santiago. Otra de las cuestiones que llegó al Valedor fue la protesta de un edil nacionalista de Agolada porque no se puso a su disposición desde el Concello diversa documentación de materia económica en torno a la agrupación de voluntarios de Protección Civil. La intervención de Vázquez Sandes llevó al gobierno local agolense a remitirle los datos, que fueron trasladados al concejal. De A Estrada se menciona un caso vinculado a una herencia. Por municipios, la mayoría de quejas procedían de Lalín y Silleda, con cuatro cada uno, seguido de A Estrada con tres y uno en Agolada, Forcarei y Vila de Cruces respectivamente.