Análisis | La anulación de las expropiaciones del paseo del río de Lalín PSOE y BNG, estiletes políticos contra las obras desde la oposición, deberán afrontar en el gobierno la última resolución judicial del TSXG a favor de los dueños de A Crespa
23 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?l acondicionamiento del río Pontiñas ha seguido, de forma paralela a la creación del paseo del mismo nombre, un periplo judicial intenso, con vecinos expropiados de una parte como demandantes, y con la Xunta de Galicia como sempiterna demandada. Y hasta la fecha, los fallos judiciales han caído siempre del lado vecinal, pese al empeño de la administración autonómica en pleitear hasta las últimas consecuencias. En la última resolución judicial conocida, el fallo del TSXG a favor de los propietarios de la carballeira de A Crespa, la situación es bien distinta. Tras los resultados de los comicios del 19-J, el escenario político es muy diferente a los anteriores procesos, resueltos por el mismo partido (PP) que los había generado. Y es que ahora PSOE y BNG -auténticos estiletes políticos contra la forma de desarrollar las obras por parte de la Xunta del PP desde los escaños de la oposición- se verán en la obligación de gestionar desde el gobierno bipartito de San Caetano este último fallo judicial, de nuevo favorable a los demandantes y en contra de la Xunta. Una herencia que recibirán del ejecutivo del PP. Desde la Consellería de Medio Ambiente señalaban el viernes que no habían recibido todavía el documento oficial de la sentencia. En tal caso, el nuevo gobierno de la Xunta podría tener la responsabilidad de decidir incluso sobre la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Desde la oposición, habían cuestionado la actitud de beligerancia judicial de la Xunta frente a los vecinos, que hizo agotar los recursos hasta llegar al Supremo, tratando de evitar lo que sucedería a la postre: la nulidad del proceso expropiatorio y el fuerte incremento de los pagos por expropiaciones a los vecinos afectados. Con el dinero de todos Desde las responsabilidades de gobierno, PSOE y BNG deberán decidir si recurren o acatan la sentencia con el pago de una indemnización. En este aspecto, no habrá variaciones: como en los casos anteriores, el dinero saldrá de las arcas autonómicas. Es el precio añadido por utilizar la «urgente ocupación» para construir un paseo. Una obra con una inversión superior a 4 millones de euros -665 millones de pesetas-, y sobre cuya rentabilidad social se escucharon en su día voces críticas.